Aunque las leyes, decretos y convenciones nacionales e internacionales lo prohíban, en Mendoza cientos de niños se ven obligados a salir a trabajar para aportar dinero a sus familias.

Si bien las situaciones que deben vivir son distintas en el campo o la ciudad, lo cierto es que su derecho a vivir una infancia plena es vulnerado e incluso, en ocasiones, su vida es puesta en riesgo. Hoy, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, los avances a lo largo de este año para evitar que esta realidad siga repitiéndose, han sido escasos.

Así lo aseguran desde las entidades que a nivel nacional claman por políticas de fondo que ayuden a evitar la explotación infantil bajo cualquier modalidad. Justamente, los casos detectados en las zonas rurales de nuestra provincia por la Fundación La Alameda, OSC que lucha contra el trabajo esclavo, motivó ayer un reclamo en la sede de la Sociedad Rural (Buenos Aires). Su pedido fue reforzado con el apoyo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El objetivo fue llevar una presentación judicial ampliada y reforzada con documentación audio visual a la mesa de enlace integrada por las principales asociaciones del campo, entre ellas, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Rural y la Federación Agraria.

En líneas generales, ambas organizaciones civiles solicitaron que el sector rural más poderoso de la Argentina siga de cerca las condiciones en la que los productores logran obtener mano de obra para las épocas de cosecha. De este modo será posible sancionar a las firmas que tengan a niños prestando servicios. "Las empresas que utilizan mano de obra infantil deben ser expulsadas del empresariado a nivel nacional", aseveró Gustavo Vera, presidente de la fundación.

En febrero pasado, uno de los miembros de la entidad logró filmar y luego difundir en todo el país las imágenes capturadas en fincas ubicadas en El Carrizal y Rodeo del Medio.
 
Las escenas, logradas a través de una cámara oculta, mostraban cómo los chicos desde 4 años son reclutados en un camión para luego trenzar ristras de ajo y levantar la cosecha. Entre los diálogos también quedó al descubierto la situación de explotación a la que los niños quedaban sometidos.

Pero ahora éste no es el único material con el cual La Alameda fundamenta su denuncia. Hace algunas semanas, un nuevo acercamiento a las chacras y fincas mendocinas mostró un panorama no menos preocupante.

La filmación lograda en el interior de una finca de zapallos y cebollas de Rodeo del Medio da a conocer que de las 36 personas que aparecen reclutadas en un camión, al menos veinte son niños menores de quince años.
 
La investigación además integra el testimonio de docentes de una escuela de El Carrizal, quienes aseguran que durante los meses de cosecha del ajo muchos de sus alumnos deben dejar por un tiempo la escuela.

Al mostrar esta realidad, no sólo el sector más poderoso del campo está enterado de la situación. Antes, las denuncias fueron elevadas al Ministerio de Trabajo de la Nación, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, el juez federal Walter Bento inició un sumario en el que0 se investiga el posible delito de trata de personas.

"Desde principio de año no hemos visto avances. Los resultados han sido nulos con las inspecciones que hace el Gobierno", deslizó Vera. Hasta ahora hay al menos cuatro firmas denunciadas por la entidad. Según la temporada, los niños han sido encontrados cosechando o empacando uva, zapallo, cebolla, ajo y tomate, entre otros productos.

Desde el punto de vista de Juan Grabois, titular del MTE desde 2006, han recibido denuncias por parte de trabajadores del campo. "También las maestras rurales y directoras de distintas escuelas nos han dicho que muchas veces los chicos hacen trabajo inhumano. A pesar de que hemos constatado esta realidad, la situación sigue impune porque ni el Estado ni las empresas reaccionan", denunció Grabois.

Según explican quienes trabajan de cerca con esta problemática, los cosechadores son en su mayoría inmigrantes que llegan desde el norte con sus familias, aunque la problemática también afecta a grandes y chicos de las zonas rurales más pobres. Al acompañar la tarea de sus padres, ellos se ven expuestos a largas jornadas de trabajo y dejan de lado la escuela, los juegos y otra clase de aprendizajes, como los deportes o la música.

En este sentido, Dora Balada, titular de la Dirección Provincial de Empleo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, destacó la necesidad de trabajar en forma coordinada con la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) para lograr captar a los niños e incluirlos en el sistema educativo.

Sólo en lo que va de este año, 115 chicos fueron relevados mientras acompañaban a sus padres, en tanto que otros 23 estaban trabajando. En total fueron inspeccionadas 118 empresas, de las cuales once fueron multadas con montos que van desde los cinco mil a los 40 mil pesos.

Zulema Usach - zusach@losandes.com.ar

Los Andes
Viernes 12 de Junio de 2009

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