Los tradicionales tintoreros temen por su continuidad ya que reciben cuantiosas multas por no ajustarse a la nueva normativa que los obligaría a cerrar sus puertas.

Por ese motivo, ayer mantuvieron una reunión con diputados en la Legislatura porteña, y mañana, a las 14, tienen previsto realizar una protesta frente a Bolívar 1, pues reclaman la derogación de una ley que, según afirman, los perjudica.

Las autoridades de la Ciudad, en cambio, sostienen que sólo hacen cumplir una ley que fue aprobada en 2005, creada por iniciativa de los entonces diputados Marcelo Godoy (Juntos por Buenos Aires) y Mónica Bianchi (Frente para la Victoria) y que, entre otros requerimientos, obliga a las tintorerías a renovar sus maquinarias y a la no utilización de productos considerados contaminantes, como solventes de hidrocarburos, que se ventilan al aire.

En concreto, los propietarios de las tintorerías japonesas solicitan la derogación de la Ley 1.727, la norma que da marco regulatorio al proceso de limpieza a seco en tintorerías.

Señalan que, desde fines del año pasado, el gobierno porteño comenzó a labrar multas que van desde los 1.000 hasta los 50.000 pesos, y que unos 60 comercios del rubro -de los que hay más de 200 en toda la Ciudad- ya debieron cerrar sus puertas.

Los tintoreros dicen que se sienten acorralados, ya que la ley los obliga "a presentar permisos de vuelco de efluentes líquidos; a tener un plan de emergencia para eventual derrame del solvente; adecuaciones de equipamiento que cuestan más de 20.000 dólares y a hacer reformas en los negocios, situación que la mayoría no puede afrontar", coincidieron tintoreros autoconvocados por esta causa.

Graciela Gerola, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, organismo encargado de controlar las tintorerías, negó una persecución y dijo: "Sólo se busca hacer cumplir la ley, proteger la salud de los involucrados y cuidar el medio ambiente".

Infobae
Martes 23 de Junio de 2009

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