La Corte Internacional de Justicia de La Haya inició el lunes último el examen del conflicto que mantienen Argentina y Uruguay desde que este último país permitió la instalación junto al río limítrofe de la empresa finesa Botnia, dedicada a la elaboración de celulosa para fabricar papel. El diferendo provocó la virtual interrupción de todo vínculo entre ambos países, con lo cual se quebrantó la histórica imagen de hermandad que los distinguía ante el mundo.

Según entiende nuestro Palacio San Martín, el gobierno uruguayo no habría cumplido con lo establecido por el tratado binacional firmado en 1975, que reconoce a las partes contratantes el derecho a utilizar las aguas del río en sus respectivas jurisdicciones a condición de que adopten medidas para "preservar el medio acuático e impedir la contaminación", previsión que habría sido dejada de lado por el gobierno uruguayo al autorizar la instalación de dos pasteras, una de las cuales se retiró luego del proyecto.

Las demandas argentinas de relocalización de Botnia no fueron atendidas, las obras de infraestructura fueron llevadas adelante y la planta comenzó a producir celulosa en noviembre de 2007. En el ínterin, la Corte Internacional se expidió en sendos planteos presentados por Argentina y Uruguay; el 13 de julio de 2006 denegó, por 14 votos contra 1, una solicitud argentina de medidas precautorias para impedir la entrada en producción de Botnia, y el 24 de enero de 2007 rechazó, también por 14 votos contra 1, una petición uruguaya de medidas cautelares para impedir que se obstruyese o paralizase de algún modo la actividad de la empresa finlandesa.

El gobierno de Kirchner había apostado todo a la estrategia de cerrar los puentes internacionales para interrumpir el intercambio comercial y frustrar el pasaje de caravanas de turistas argentinos que cada año se instalan en las ciudades balnearias de Uruguay y dejan centenares de millones de dólares, que apuntalan las economías regionales de la región costera.

Ninguno de esos arbitrios funcionó. Los lugares que no ocuparon los argentinos fueron cubiertos por turistas brasileños. Y los piquetes sobre los puentes, claramente apoyados por el Poder Ejecutivo Nacional, languidecieron sin remisión, no sin dejar ante la comunidad internacional la imagen de un país arbitrario que tampoco respeta el derecho, en este caso efectuando el cierre unilateral de puentes que vinculan a dos países.

Se presume que la Corte Internacional se pronunciará en los primeros meses de 2010. Hasta entonces, deberán realizarse 12 audiencias de tres horas de duración cada una que culminarán el 2 de octubre próximo, tras de lo cual los magistrados del tribunal se abocarán al estudio de las ponencias para fundamentar su decisión.

Pero con deplorable carencia de sentido de oportunidad, una vez más el incontrolable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien sólo parece responder a la voz del ex presidente Néstor Kirchner, apeló a su nutrida panoplia de torpezas, que invariablemente terminan en contra de los intereses de la comunidad y que, en este caso, pueden afectar de manera directa el pronunciamiento de la Corte de la Haya. Es que en mayo último, y merced a una inyección de 250 millones de pesos aportados naturalmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Moreno impulsó la estatización de la papelera Massuh, instalada en la zona del partido bonaerense de Quilmes, que se hallaba hundida en graves problemas económicos. Con la proclamada intención de preservar esa fuente de trabajo, se dispuso la intervención del Estado y Moreno quedó al frente de la planta, a la que bautizó como Papelera Quilmes.

Moreno mantuvo no sólo la fuente de trabajo, sino también la elevada capacidad de contaminación ambiental de la papelera. Ante las protestas y peticiones de los habitantes de la zona, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, ordenó la semana anterior la clausura por tiempo indeterminado de la papelera. "No interesa quién está administrando la planta, sino que se está contaminando y perjudicando a los vecinos", sentenció el magistrado.

La Voz del Interior
Jueves 17 de Septiembre de 2009

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