Silvia Stang
LA NACION

Seis entidades representativas de empresas de las principales actividades económicas expresaron ayer un contundente rechazo al decreto que sube las indemnizaciones para los trabajadores que sufren accidentes por causas laborales.

Según las cámaras empresariales, la medida que sin consenso aprobó el Poder Ejecutivo subirá los costos laborales, en porcentajes aún no estimados, sin aportar una solución al problema de la alta litigiosidad, que hoy preocupa sobre todo a las pequeñas y medianas firmas y que se vio incentivada a partir los fallos de la Corte que, en 2004, declararon la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.557 (de riesgos del trabajo), que el decreto no corrige. Además, las entidades advirtieron que la medida tendrá mayor impacto en el interior e incentivará la informalidad.

A contramano de los argumentos que en los últimos días dio el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, los empresarios creen que habrá más juicios que antes, porque el decreto mejora las prestaciones pero no pone ninguna condición para que, más allá de cobrar de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), el trabajador litigue contra su empleador. "Siempre va a haber abogados proponiendo esa doble vía", se quejó un ejecutivo.

El decreto "pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo", expresa, contundente, el comunicado suscripto por la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de Capital Argentino, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Unión Industrial Argentina. La Sociedad Rural Argentina dio a conocer su postura en otro escrito, en el que lamenta que los representantes de la actividad agropecuaria no hayan sido convocados para las negociaciones que hubo en los últimos días sobre el tema.

Esas gestiones, de todas formas, no dejaron para nada satisfechos a los empresarios que sí habían sido convocados y que aceptaban una suba de las prestaciones dinerarias, pero bajo determinadas condiciones y sin eliminar los topes, algo que finalmente se dispuso. El decreto se acercó mucho a los pedidos de la CGT, de Hugo Moyano, y si bien los empresarios fueron recibidos días atrás por Tomada, sólo se enteraron del texto definitivo de la norma al leerla en el Boletín Oficial, el viernes pasado. Y eso alteró más los ánimos.

El comunicado de las cinco cámaras lamenta que "luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas". El plazo de un lustro se refiere al tiempo transcurrido desde que la Corte cuestionó la ley. Desde aquel entonces se habló de la necesidad de una reforma legal, pero el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto al Congreso, con la explicación de que se esperaba un consenso.


Acumulación u opción

Uno de los puntos más controvertidos es el de la necesaria reformulación del artículo 39° de la ley, que pretendió impedir a los trabajadores asegurados hacer un juicio contra el empleador. Desde que la Corte declaró inviable esa disposición, los sindicalistas defienden que una nueva ley disponga la posibilidad de que los empleados puedan pedir un doble resarcimiento, mientras que los empresarios afirman que debería regularse el ejercicio de una opción, para que se elija una de las dos posibilidades: o el pago de la ART o la demanda civil contra el empleador.

En los hechos, ahora está abierta la doble vía, y por eso los hombres de negocios rechazan que bajo esas condiciones se eleven, de la manera en que se elevaron, los montos del sistema, porque eso "incentiva la proliferación indiscriminada de los reclamos judiciales". Las entidades sostienen que el decreto es de "opinable constitucionalidad" por la forma en que avanza sobre la ley, con la eliminación de topes y con la creación de un piso antes inexistente (que es de $ 180.000 por el porcentaje de la incapacidad).

Esas dudas sobre si el Poder Ejecutivo se excede en sus atribuciones para mejorar las prestaciones provocan que las empresas analicen la posibilidad de ir a la Justicia. "Vamos a estudiar qué hacer", señaló Abel Guerrieri, asesor de la Sociedad Rural, consultado sobre el tema, y tras quejarse de que "el campo no es tenido para nada en cuenta".

Uno de los pedidos que le habían expresado a Tomada entidades como la UIA fue que se dispusieran condiciones especiales a la indemnización de los accidentes producidos en el camino hacia y desde el lugar de trabajo. Un hecho ocurrido en ese trayecto genera la misma responsabilidad, en cuanto al resarcimiento económico, que uno producido en el establecimiento donde se hace la actividad laboral.


Los cambios

• Sin techo, con piso La compensación por un accidente de trabajo tendrá un piso de $ 180.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Antes esa misma cifra era el tope, que queda eliminado.
• Sumas fijas Se elevan los montos adicionales a la prestación principal para las incapacidades superiores al 50 por ciento. Según la gravedad de las lesiones, el monto sube de $ 30.000 a $ 80.000 o de $ 40.000 a $ 100.000. En caso de muerte, pasa de $ 50.000 a $ 120.000.
• Mejora del c álculo Se modifica el ingreso base considerado para calcular las prestaciones del sistema. La norma representa una suba de los montos, que varían según la situación salarial de cada trabajador.

70.000 - Causas judiciales

Es la cantidad de juicios laborales contra las empresas, originados en la debilidad del sistema de riesgos del trabajo, según datos difundidos por la UIA y otras cámaras empresariales.

55,3 - Trabajadores

Es la cantidad de empleados amparados por la ley de riesgos que, de cada 10.000, inician un juicio. En 2003 esa tasa era de 6,2 por 10.000, según datos de la Unión de ART. La entidad ya advirtió que subirá el costo del seguro.

La Nación
Martes 10 de Noviembre de 2009

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