Diego Dávila
De nuestra Redacción
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El régimen que cubre a trabajadores y empresas por enfermedades y accidentes en el ámbito laboral, bajo la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), seguirá resquebrajándose y volverá a incrementarse la cantidad de causas en los tribunales locales que procuran dar solución a estos problemas.

Este año, la Justicia cordobesa proyecta cerrar el año atendiendo 27.506 causas por problemas laborales, 15 por ciento más que las registradas en 2008, según estimaciones del Sistema de Administración de Causas del Poder Judicial.

Los casos enmarcados por la LRT correspondientes a accidentes llegarán a 3.032, un 26,6 por ciento más que en el año pasado, y los de enfermedades a 7.892, un 86,7 por ciento más que en 2008. Este fenómeno no es nuevo: comparado con 2006, las subas llegan a 610 y 938 por ciento, respectivamente.

Así, Córdoba se consolida como la plaza de mayor litigiosidad laboral. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), por cada 10 mil trabajadores cubiertos en la provincia se habrán iniciado este año un promedio de 210,8 juicios laborales, la cifra más alta del país; a esta le siguen Mendoza con 184,4 juicios, Santa Fe con 141,8, Buenos Aires y Capital Federal, ambos con 35,8 y el resto del país con 14,4.

El problema es que la LRT, que estableció un esquema de cobertura basado en Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), no ha logrado asegurar un régimen que cuide efectivamente la salud del trabajador, con lo que resulta más tentador para el empleado acudir a la Justicia Laboral que aceptar lo que le entrega la ART. Esta situación los convierte en terreno fértil para los abogados cordobeses, que parecen ser más activos que sus pares del resto del país al momento de los asegurar derechos del empleado.

Más indemnización. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció días atrás la firma del decreto 1694/09, que reglamenta la LRT aumentando los montos de indemnización por accidentes de trabajo, un cambio pedido en su momento por la Unión Industrial Argentina (UIA), ya que los montos vigentes hasta ahora eran demasiado pequeños en comparación con los que se lograba en la Justicia laboral.

La medida suprime los máximos vigentes para indemnizaciones por incapacidad parcial o total y por fallecimiento, fijado en 180 mil pesos. Además, se fijan “pisos” para estos montos, se establecen nuevas fórmulas de cálculo, que en algunos casos más que duplican las indemnizaciones del régimen anterior.

De esta manera, el Ejecutivo busca resolver el problema desatado a mediados de esta década cuando la Corte Suprema cambió su criterio y comenzó a declarar inconstitucional diferentes aspectos de la LRT, lo que abrió la posibilidad a que el trabajador pudiera acudir a la Justicia para mejorar las indemnizaciones.

Sin embargo, la UIA junto a entidades como la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba), la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) cuestionaron duramente el decreto presidencial. Las entidades consideran que no resuelve el problema de fondo, la puerta abierta a la vía judicial, que sólo se logrará con una nueva LRT, la que sería tratada recién en 2010. Además, califican al decreto de “opinable constitucionalidad” y que incentiva “la proliferación indiscriminada de reclamos judiciales”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), también salió a cuestionar la medida, ya que se espera que este incremento afecte directamente al sector, ya que se elevarán las alícuotas que deben pagar las empresas a la ART. “Las Pyme no están en condiciones de pagar las nuevas indemnizaciones; hace falta un debate serio con el Estado para ver cómo salimos de esto”, reclama Francisco Dos Reis, presidente de Apyme.

También fue cuestionada por la Uart. La entidad aseguró en un comunicado que “los efectos de esta medida son contraproducentes; implicará el correlato en el nivel de alícuota con el que se financia el sistema”, lo que pone en peligro tanto la calidad de las coberturas como la situación de las ART.

Menos salud. Paralelamente, estos cambios dejan sin resolver el principal problema del sistema: no asegura la salud del trabajador.

“Considerar que pagando elevadas indemnizaciones se solucionan los problemas es falso y algunos de estos supuestos responden a intereses mezquinos. La existencia de juicios de esta naturaleza es preocupación de los abogados, pero para la víctima el juicio le genera más problemas y preocupación”, opina Raúl Altamira Gigena.

Para el abogado laboralista, el régimen de ART no repara el perjuicio ni atiende a lo que es el bien jurídicamente protegido, al trabajador. En este sentido, reclama la necesidad de establecer un régimen de asegure la salud laboral mediante esquemas de prevención. Además, destaca las disputas que el régimen de la LRT abrió entre las ART y las obras sociales, que terminan dejando sin atención a los empleados ante accidentes o enfermedades, lo que generalmente termina definiéndose en ámbitos de la Justicia laboral.

La Voz del Interior
Lunes 23 de Noviembre de 2009

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