El gobierno nacional presentó ayer una denuncia en la justicia federal para que se investigue si las inundaciones de San Antonio de Areco fueron producidas por la construcción de canales clandestinos en los campos de la zona.

La presentación judicial estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

En el escrito, el gobierno nacional pidió que "se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si [los hechos denunciados] configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del 194 del Código Procesal Penal de la Nación".

Según fuentes oficiales, en la denuncia, el subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián López, sostuvo: "Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y subsuperficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el río Areco y/o en los canales aliviadores de las rutas, manteniendo los predios en estas subcuencas libres de agua acumulada superficialmente".

En la presentación judicial también se cita el artículo 194 del Código Penal, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien, "sin crear una situación de peligro común", entorpezca el normal funcionamiento de transportes o los servicios públicos por los cortes en las rutas 8 y 9.

En la denuncia firmada por López se afirma que, según imágenes tomadas por un medio de prensa local, existen 12 canales clandestinos.

Mientras el gobierno nacional presentaba la denuncia, legisladores bonaerenses opositores cuestionaron al gobierno de Daniel Scioli y a funcionarios nacionales por las acusaciones contra los productores y afirmaron que hubo falta de obras de infraestructura en la zona para evitar las inundaciones.

El jefe del bloque de senadores bonaerense de la Coalición Cívica, Javier Mor Roig, se preguntó: "Si los gobiernos tienen elementos sofisticados para detectar silos, construcciones ilegales, piscinas y refacciones inmobiliarias no declaradas, ¿cómo no fueron capaces de advertir la existencia de esos supuestos canales clandestinos de riego?".

No es la primera vez que el gobierno nacional denuncia a productores rurales. En abril de 2008, en pleno conflicto con el campo por las retenciones móviles, los incendios de pastizales en el Delta (hubo casi 400 focos) provocaron la reacción mediática del kirchnerismo. Después de sobrevolar la zona, la Presidenta dijo entonces: "Hubo un ejercicio de irresponsabilidad e irracionalidad inconcebibles". El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ya acusaba entonces a productores rurales.

Un año y ocho meses después de haberse iniciado esa causa, que estuvo en manos del hoy suspendido juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez, el expediente tiene tres personas procesadas por estrago doloso.

No se trata de tres productores rurales "que querían tener menores costos", como había dicho Randazzo. Los procesados son Sergio Salvador Vera, Juan Leonardo Medina y Juan Pablo García. Vera tiene 62 años, vive desde hace más de 30 en las islas del Delta y es analfabeto.

El único productor que el Gobierno señaló como responsable de los incendios es Antonio Pazzaglia. Obtuvo la exención de prisión bajo caución juratoria. La Justicia aún espera peritajes pedidos al Instituto Geográfico Militar.

La Nación
Miércoles 30 de Diciembre de 2009

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