Adrián Mancini
adrianmancini@gmail

Una nueva ley para el bosque nativo está a punto de nacer en la provincia. Aunque existen notorias diferencias entre el anteproyecto elevado a la Unicameral a fines de 2009 por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) y la propuesta hecha por Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), en el texto final se priorizarán, en su mayoría, los criterios expuestos por la primera. Imperarán los razonamientos más ligados a posiciones "restrictivas" que a "productivistas". Aunque estos términos no dimensionen todo el significado que cada posición usa para nombrar el modelo de ambiente y producción que promueven.

La última palabra la tendrán los legisladores que, hasta el momento, sólo acuerdan en que se debe preservar el ambiente y parar con los desmontes. Aún no saben cómo hacerlo, en qué zonas, bajo qué tipo de producciones y el modo de compensar a quienes abandonen determinadas prácticas agropecuarias para mantener intactos los servicios ambientales que los bosques de su propiedad le dan al resto de la sociedad.

Esos serán los ejes de la discusión de la nueva ley provincial, que según algunas fuentes, saldrá antes de fines de marzo. Por ahora, todo es duda y no será sencillo congeniar los intereses de ambos sectores, para que salga finalmente una ley que esté en sintonía con la ley nacional 26.331.

Los argumentos. Los fundamentos a favor del anteproyecto de la COTBN se basan en que su contenido está apoyado en antecedentes y tratados internacionales a los que Argentina adhirió. Si bien en materia ambiental el desarrollo de herramientas legales y políticas que permitan arribar a una alternativa sostenible en el mediano y largo plazo aún es incierto -hay que recordar que en la última cumbre climática de Copenhague no se lograron firmar acuerdos vinculantes ni compromisos serios-, lo cierto es que primero se toman en cuenta estos tratados y luego las normativas nacionales tales como la ley general de ambiente (25.675) y la de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos de 2007.

En tal sentido. la región más conflictiva en el ordenamiento territorial es el norte y oeste de Córdoba, que forma parte del denominado " gran chaco americano", compartido por Argentina, Paraguay y Bolivia, lo que afectaría cualquier decisión por los principios de responsabilidad solidaria que tienen éstos países para preservar sus bosques nativos.

Desde lo jurídico sostienen que casi todo el andamiaje legal debería ser revisado para lograr una ley adecuada a los tiempos que corren, poniendo en discusión hasta la clasificación de los términos bosques, desarrollo y sostenibilidad que están actualmente vigentes en la provincia. Lo mismo respecto de los Planes de Manejo Sostenible y de Cambio de Uso del Suelo, lo que de aprobarse la nueva ley como sugiere la COTBN, dejaría sin efecto lo previsto en la ley provincial 8.066 respecto del uso múltiple del suelo y del aprovechamiento forestal.

Otro dato interesante tiene que ver la aptitud en el uso del suelo en terrenos con pendiente entre tres y cinco por ciento, especialmente aquellos categorizados en la ley 8.066 como suelos tipo cinco, seis y siete ya que en la actualidad, no gozan de tratamientos específicos.

En cuanto a la implantación de pasturas exóticas megatérmicas tales como el Gatton Panic o Buffel Grass -factibles de sembrar en planteos de ganadería silvopastoril según lo propuesto por Cartez-, también afectarían la natural capacidad de renovación de los ecosistemas boscosos, según los informes que ganan fuerza dentro de la Legislatura.

Compensaciones. La posición mayoritaria entre los legisladores y otras fuentes consultadas por La Voz del Campo es que debe existir una compensación económica para aquellos productores afectados en sus intereses por la nueva ley. De hecho, esto está previsto en la ley nacional, ya que en estos casos el derecho ambiental pone "patas para arriba" las clásicas nociones sobre derechos de propiedad.

Según el legislador Marcelo Falo (oficialista), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos en la Legislatura, la Nación debe aportar lo que corresponde pero la provincia también debe colaborar. En la misma línea aunque con matices, Enrique Asbert (legislador de Concertación Plural), Dante Rossi (legislador UCR), Alicia Barchuk (presidenta de la COTBN) y José Manubens Calvet (Cartez) aseguran que es la Provincia la que debe disponer de los fondos necesarios para compensar a los que se vean afectados por la nueva normativa.

A pesar de que no existe consenso sobre qué se entiende por desarrollo, y mucho menos sobre el término sostenibilidad, los principales ejes del debate se concentrarán en explicar aspectos prácticos tales como la posibilidad de rolar los arbustos o introducir pasturas exóticas.

En general, la postura de Cartez está fundamentada desde el derecho privado, mientras que la COTBN lo hace desde un orden público ambiental, con lo cual las posiciones son casi irreconciliables.

La Legislatura dirá finalmente a quién le dará la razón.

Difícil de explicar. Desde Cartez, aseguran que no tienen explicaciones cuando algunos productores plantean que su vecino alcanzó a desmontar antes de 2005, cuando entró en vigencia la ley provincial que prohíbe esa tarea, y desarrolló un modelo productivo, y que ellos por haber preservado el bosque se encuentran en desventaja económica.

La entidad sostiene que apostando a la ganadería silvopastoril en las zonas amarillas (sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en las que se puede realizar actividades sustentables), se puede lograr que buena parte de las familias que hoy subsisten de lo que extraen del monte puedan integrarse a la producción agropecuaria a través de un modelo sustentable.

Los dirigentes de Cartez aseguran que son más de 30 los argumentos tienen para impugnar el proyecto de la COTBN.

Las principales objeciones están basadas en que el proyecto "oficial" promueve -a su juicio- la continuidad del deterioro ambiental y social de las zonas boscosas, alienta la desertificación por abandono, genera injusticias entre los productores al autorizar a los de menos de 10 hectáreas a la libre disponibilidad de sus tierras.

Además de trasladar obligaciones propias que son del Estado a los particulares.

También los productores alertan, entre otras cuestiones, sobre "la mezcla discrecional entre el derecho público y privado" y sobre lo que ellos califican de "enormes perjuicios" que se le puede ocasionar a las arcas provinciales la aprobación de la ley tal como reza el proyecto impulsado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.

La Voz del Interior
Viernes 15 de Enero de 2010

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