La Argentina espera para hoy un fallo en la Corte Internacional de La Haya sobre el caso Botnia con un solo contenido: que le permita presentarse ante Gualeguaychú y el resto del país victoriosa en un punto central. Éste es que los jueces del tribunal digan que efectivamente el Estado vecino violó el tratado que regula el uso del río Uruguay. El Gobierno sabe, además, que lograr una orden de relocalización de la pastera por ser responsable de contaminar las aguas es casi una utopía, pero espera una definición que se acerque a eso. Concretamente, que se responsabilice al Gobierno uruguayo de certificar que el proceso productivo de Botnia no contaminará el río en todo el ciclo de vida de la pastera (22 años), ya que -entiende- a dos de comenzar a funcionar la planta, es imposible determinar los daños ambientales que pueda provocar. Finalmente, la Argentina presentará ante la población la seguridad de que, por las acciones oficiales desde que se llevó el caso a la Corte Internacional, se impidió que Fray Bentos se convirtiera en un centro pastero-papelero con la presencia de no menos de tres plantas similares a la de Botnia en el lugar.

Con estas expectativas, la delegación argentina que dirige la embajadora Susana Ruiz Cerruti desde La Haya, la presidente Cristina de Kirchner y el canciller Jorge Taiana desde Caracas y el resto del Gobierno desde la Argentina; esperarán desde las 10 (hora argentina) la lectura del fallo del tribunal. Está preparado, además, un contacto diplomático entre los dos países para definir los próximos pasos, que podrían incluir una reunión bilateral entre la presidente argentina y José Mujica. Todo dependerá de la evolución que tenga el fallo en Gualeguaychú. De todas maneras, se espera que sea «inaceptable» para los militantes que aún cortan el puente.

«Confiamos se reconozca el aspecto esencial de esta controversia, que es la importancia del Estatuto del Río Uruguay y la obligación por parte de los Estados argentino y uruguayo de cumplir con lo que allí se establece», dijo ayer Taiana desde Caracas, mostrando la hipótesis que espera la delegación local sobre el caso. Desde Holanda (y luego de haber llegado por tierra desde Milán por la presencia de cenizas volcánicas), Ruiz Cerruti se dijo confiada en que Uruguay «violó el tratado del río al permitir la instalación de fábricas de pasta de celulosa». Tras afirmar que la industria de fabricación de pasta de celulosa es «una de las cuatro más contaminantes del mundo» y que consideró que la Corte no se va a expedir respecto de los cortes de ruta de los asambleístas, y aclaró que «en el transcurso del proceso, Uruguay llevó el tema de los cortes a este juicio y el tribunal lo desestimó».

La Corte estará integrada por 14 magistrados (de 15 que lo integran) y presidida por Peter Tomka, el vicepresidente del tribunal que hoy estará a cargo de la lectura final del fallo. Tomka es eslovaco, experto en derecho internacional y ex diplomático desde 1986 en la antigua Checoslovaquia. Con la división de su país en 1993 pasó a ser embajador eslovaco en las Naciones Unidas, cargo que ocupó hasta que fue nombrado en La Haya en 2003. En la lectura del fallo, Tomka estará acompañado por una leyenda en el tribunal: Thomas Buergenthal. Este juez, también eslovaco de origen, es sobreviviente de Auschwitz y emigró a los Estados Unidos en 1951. Es abogado de la Universidad de Nueva York y doctor en Harvard, especialista en derechos humanos y derecho internacional. Fue juez en varios estrados de La Haya, hasta que llegó a la Corte Internacional en 2000.

El litigio en la Justicia internacional comenzó en mayo de 2006 luego del fracaso de las negociaciones diplomáticas y a partir de una demanda del Gobierno argentino por la violación del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Para la Argentina, esta violación se produjo a partir de la instalación unilateral e inconsulta de dos fábricas de celulosa, aunque una de ellas nunca vio la luz: su propietario, el español Ence, cambió de planes y vendió su proyecto al consorcio sueco-finlandés Stora-Enso y al chileno Arauco, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira, a orillas del Río de la Plata. Para la Argentina, la decisión de no radicar estas pasteras en Fray Bentos debe ser considerada como un logro y como parte del éxito de la gestión.

Más allá de la violación del tratado, el objetivo de máxima para la Casa Rosada es que la Corte ordene la relocalización de la planta por su «perjuicio sensible» sobre el ecosistema, que buscó ser probado por la Argentina con la presentación de los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental de la planta en los últimos años.

Los jueces podrían considerar probada la violación del tratado y no demostrada la contaminación del río Uruguay, por lo que en ese caso habría salidas «intermedias» al conflicto sin el desmantelamiento, pero con rigurosos controles en su funcionamiento. Eventualmente, se puede determinar que Uruguay deberá hacerse cargo en el futuro, si con la vida productiva de Botnia se genera contaminación con el tiempo. Si esto fuera así definido en La Haya, el seguimiento del tema sería responsabilidad del Gobierno que suceda al actual de Cristina de Kirchner.

Independientemente de cuál sea el fallo, ambos gobiernos prometieron que lo respetarán y ejecutarán (Uruguay habló de administrar el veredicto), confiados en que la decisión servirá para enterrar el litigio y normalizar al fin sus relaciones tras cinco años y medio de rispideces.

Los planes de los dos gobiernos son que dentro de una semana los dos presidentes puedan encontrarse, en lo posible, cerca de las pasteras.