Si bien muchos no lo han salido a expresar públicamente, los principales actores del gobierno uruguayo coinciden en que el dictamen sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, que hoy anunciará la Corte Internacional de Justicia de La Haya, contemplará en su esencia la posición uruguaya, y también algunos intereses de la Argentina, fundamentalmente en puntos que tienen que ver con el manejo de la información y los procesos de consulta en el marco del Tratado del río Uruguay, con el que ambas naciones se comprometieron a establecer mecanismos para el uso apropiado del río.

Pero por más que en Uruguay crean en un "fallo político" y que posiblemente diga que en su momento el gobierno oriental tendría que haber sido más firme en aspectos de la comunicación sobre la instalación de plantas de celulosa (en ese momento además de Botnia estaba la planta de la empresa española Ence) que harían uso del río binacional, hay convencimiento de dos cosas:

Que no habrá necesidad de relocalización porque la planta de UPM no contamina.

Y que el corte del puente General San Martín, por esa razón, ya no tiene razón de ser.

En este punto la expectativa está puesta en el encuentro que, días después del fallo, sostendrán los presidentes, Cristina Kirchner y José Mujica, y los cancilleres, Jorge Taiana y Luis Almagro. Si bien en el gobierno uruguayo hay conciencia de que la llave para desactivar el bloqueo la tiene el poder judicial argentino, volverán a reclamar en esa reunión, entre varios otros temas relativos a la administración del fallo, que la ruta 136 (que une Gualeguaychú con Fray Bentos) vuelva a estar, después de casi cuatro años, nuevamente despejada.

En cuanto al corte, el ex intendente de Río Negro (departamento donde se levanta la planta), Omar Lafluf, cargó sus tintas sobre el gobierno argentino: "Espero que después del fallo de La Haya tome las medidas que no tomó en estos cinco años", dijo. "Porque acá estamos mezclando las cosas: una es el resultado de La Haya y la otra la violación al libre tránsito del paso fronterizo", añadió.

Lafluf le dijo a Clarín que los asambleístas transformaron el tema de la violación del tratado del río Uruguay en un problema ambiental, "y el problema ambiental no es tal ya que ha quedado ampliamente demostrado que la planta no contamina". Sobre la amenaza de los asambleístas de tomar medidas más duras que el corte, Lafluf recordó que "hace unos tres años llegaron a decir que una señora con bombas se inmolaría en la planta, y cuando manifesté mi preocupación dijeron que estaba exagerando. Ahora, si quieren implementar medidas más duras que las implementen, no sé cuáles pueden ser, de todas formas sigo echando la culpa sobre los hombros del gobierno argentino".