No existe la expectativa real de que Uruguay sea severamente sancionado, ni mucho menos de que Botnia sea relocalizada. Esas aspiraciones pueden declamarse de viva voz, sí, pero sólo forman parte de un discurso idealista que se sostuvo como señuelo electoral y como justificación para la inacción sobre los bloqueos de las rutas internacionales.

El pronóstico más crudo y realista de la diplomacia argentina ante el fallo de La Haya es otro. A estas alturas, confiaron a LA NACION puertas adentro del Palacio San Martín, la expectativa tiene un carácter más prospectivo que revisionista: lo que viene, dicen, preocupa más que lo que ya ha sucedido.

La sentencia que se conocerá hoy es, a los ojos de las autoridades locales, una llave maestra para regular el millonario negocio que se proyecta para la próxima década en las riberas rioplatenses. ¿Qué negocio? El del desarrollo de la industria del papel, concebido y ejecutado por el vecino país como parte de una política de Estado en las décadas del 80 y del 90, cuando fomentó las plantaciones de pinos y eucaliptos en sus tierras con subsidios del Banco Mundial. Hasta 2005, Uruguay logró 800.000 hectáreas de bosques de eucalipto y ya proyecta llegar a los 3.000.000 de hectáreas. Ergo: el negocio tiene la perspectiva de ser amplificado y consolidado como parte de una matriz de crecimiento económico.

La convicción local es que la pastera finesa Botnia es apenas el punto de partida para el desembarco de otros emprendimientos mayores, que también podrían tener como sede de operaciones el río Uruguay y sus zonas aledañas. El propio gobierno uruguayo así lo ha admitido. Y las firmas europeas líderes en producción de pasta celulosa así lo han sugerido.

De allí parte el razonamiento argentino. La diplomacia entiende que sólo una revalorización por parte de La Haya del estatuto que regula las actividades en ese curso de agua compartido garantizará que las decisiones que se tomen sobre sus recursos a futuro sean consensuadas y que no se transformen en resoluciones soberanas de los Estados.

¿Cómo se produciría esa revalorización? La expectativa es llamativamente moderada, tal vez, anticipando una respuesta austera de la justicia: dicen cerca del canciller Jorge Taiana que sucedería con una taxativa mención de que toda actividad a futuro sobre el río deberá ser resuelta de común acuerdo por las dos partes en virtud de esa norma.

En rigor de verdad, la argumentación legal de la Argentina giró desde el principio en torno de la necesidad de preservar al estatuto como el protagonista del conflicto.

La denuncia promovida en los tribunales internacionales se centró en tres presuntas violaciones por parte de Uruguay a ese documento de 1975: las aprobaciones supuestamente unilaterales para la instalación de Ence y de Botnia y la habilitación para la construcción de un puerto que facilite las operaciones logísticas de esta última empresa.

Esas denuncias fueron acompañadas con presentaciones que surgieron del Plan de Vigilancia Ambiental ejecutado sobre el río, y cuyo contenido el Gobierno nunca dejó trascender incluso pese a que estudios privados y de prestigiosas ONG desecharon sistemáticamente la existencia de contaminación. ¿Será que la contaminación no es lo que preocupa verdaderamente?

A estas alturas, Botnia se presenta para el Gobierno casi como una anécdota. La expectativa sobre el fallo está lejos de una pretensión para revisar lo que sucedió en el pasado reciente, cuando el gigante finlandés se emplazó, tal vez de manera definitiva, frente a las costas de Gualeguaychú. Ahora, la pastera del conflicto parece simplemente un árbol que anticipa el bosque.