La sentencia de la Corte de La Haya puede haber desilusionado a muchos y enojado a unos cuantos, pero en el círculo de científicos y funcionarios que conocían los términos de la demanda argentina difícilmente haya sorprendido a alguien: pese a los reclamos por los hipotéticos daños que la pastera Botnia podría causar en el río Uruguay, nuestro país jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de esas aguas, y ni siquiera conoce en detalle cuáles son los agentes contaminantes que las degradan a lo largo de toda su cuenca.

Claves El planteo argentino ante La Haya denunció la violación por parte de Montevideo del Tratado del río Uruguay, y la contaminación de su cuenca a causa de la planta de Botnia. La vocación ambiental que Argentina defendió ante el tribunal no se reflejó en acciones concretas para investigar, prevenir y eventualmente sancionar a los causantes de otros focos de contaminación. Ningún organismo nacional trazó planes de diagnóstico y preservación de las aguas y el entorno natural del río, ni siquiera después de haber estallado el conflicto.

Hace un año, el Equipo de Investigación de Clarín publicó un extenso informe sobre la falta de información clave para defender ante La Haya las pretensiones argentinas, y sobre todo para preservar la salud ambiental del río Uruguay y su entorno. La clave la ofreció, en estricto off the record, una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales canmbios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. En fin, información necesaria para poder contrastarla con los análisis y sondeos que se hagan ahora. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río", explica la científica, que admitió haber sido consultada varias veces por la delegación que defendió la posición argentina en Holanda.

A través de media docena de pedidos de acceso a la información pública, este diario comprobó esa inquietante evaluación. ¿Existen un diagnóstico ambiental y un plan integral para gestionar el río Uruguay en el tramo argentino?

Las respuestas fueron unánimes. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se hay formulado políticas" al respecto, "ni existe un plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de las aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que "hace los correspondientes relevamientos" pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Aunque suene llamativo, hasta la secretaría de Ambiente de Entre Ríos reconoció que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay".

Otro apunte ilustra el limbo burocrático y el desamparo bajo los cuales se vienen manejando los temas ambientales relacionados con la cuenca de este importante río trinacional, en cuya vera del lado argentino viven medio millón de personas: la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ente binacional que desde 1975 regula algunas cuestiones concernientes a los últimos 508 kilómetros del río, ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Su Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación (PROCON) recién fue creado en 1987. Y desactivado hace seis años.

Por: Claudio Savoia

Clarín
Miércoles 21 de Abril de 2010

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