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"¡Minga!", gritaron en Gualeguaychú

Frente a la ofensiva de la Casa Rosada, los vecinos resolvieron reforzar el bloqueo

Marcelo Veneranda
Enviado especial

GUALEGUAYCHU.- Casi tan sorprendidos como enfurecidos por la decisión del Gobierno de denunciarlos penal y civilmente, los vecinos que conforman la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidieron anoche mantener y reforzar el bloqueo en Arroyo Verde, paraje situado en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136, que impide el paso a la ciudad uruguaya de Fray Bentos a través del puente General San Martín.

A medianoche, los manifestantes analizaban complementar la protesta con otras medidas, entre las que se mencionaba marchar hoy a la Municipalidad de Gualeguaychú para exigir el apoyo del intendente, Juan José Bahilo. El grupo le reclamará que interceda frente a la decisión del Gobierno de forzar la liberación de la ruta, tal como lo está exigiendo el gobierno uruguayo, especialmente desde que asumió la presidencia José Mujica.

"¡Minga!¨, gritaron ayer en el refugio ubicado junto a la barrera cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la Casa Rosada se comprometía a controlar los niveles de contaminación de la pastera UPM (ex Botnia), empresa de origen finlandés situada en las márgenes del río Uruguay.

"Traidor hijo de puta", fue la reacción cuando el funcionario fundamentó la participación del Poder Ejecutivo como querellante en la causa. Según el ministro, sólo así sería posible evitar las dilaciones y los rodeos de la Justicia y lograr la recomposición de las relaciones con Uruguay.

Los asambleístas sólo aceptan el desmantelamiento de la pastera como solución para el conflicto que mantienen desde 2003 con el Estado uruguayo y que en noviembre de 2006 los llevó a bloquear el puente internacional, para lo cual contaron con el apoyo inicial del ex presidente Néstor Kirchner.

La decisión de los asambleístas de mantener y reforzar la protesta parecía natural luego de que Fernández anunció la denuncia por casi 20 delitos penales y civiles. Hasta ese momento la mayor preocupación en la ruta era la posibilidad -considerada, con todo, lejana- de que la Gendarmería intentara desalojar por la fuerza el piquete.

Ya por entonces circulaban algunas versiones acerca de una comunicación entre el Gobierno y el juez Gustavo Pimentel, pero nadie imaginaba que, a 80 kilómetros de Arroyo Verde, en Concepción del Uruguay, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se presentaba ante el magistrado para denunciarlos "con nombre y apellido", como describió el jefe de Gabinete.

El anuncio convirtió instantáneamente en furia visceral la ansiedad contenida en las últimas 72 horas. A medida que el funcionario avanzaba en la enumeración de artículos penales, las exclamaciones de sorpresa se convertían en risas nerviosas y expresiones de malestar, para finalmente desatarse en insultos de grueso calibre hacia el propio Fernández y la presidenta Cristina Kirchner.

"Traidores", fue la expresión más repetida y una de las más decorosas. Casi como una prueba de esa afirmación, los manifestantes mostraban un cartel que reproducía dos fotos del matrimonio presidencial, tomadas en junio de 2007, en la que tanto Néstor como Cristina Kirchner aparecen agitando banderas argentinas con la inscripción "Viva la Patria-Fuera Botnia".


Alak

Antes, el principal destinatario de los insultos había sido el ministro de Justicia, Julio Alak, quien por la tarde dijo que confiaba en que la Asamblea iba a abandonar Arroyo Verde.

Segundos después de la conferencia de Fernández, el dirigente Juan Veronesi parecía no entrar en sí. "Es inaudito que el Gobierno venga a querellar a su propio pueblo, que está luchando contra una Botnia ilegal, y más aún que le dé la razón al gobierno uruguayo, que ha violado el tratado del río [Uruguay]."

Antes de que se conocieran las denuncias, el malestar de los asambleístas parecía enfocarse principalmente en los vecinos que firmaron la presentación judicial ante el juez Pimentel, que ayer se mostraron sorprendidos por la iniciativa del Gobierno, pero prefirieron no hacer declaraciones. Después de la asamblea, ya nadie se atrevió a asegurar que no iba a haber represalias hacia los denunciantes.

La Nación
Jueves 10 de Junio de 2010

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