Mariana Verón
LA NACION

Después de la jugada política de denunciar a los manifestantes que cortan desde hace tres años y medio el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, el Gobierno redobló la apuesta e insistió en que la persistencia de los ambientalistas era un "capricho".

Así lo calificó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en declaraciones radiales que hizo ayer por la mañana. Frente a la advertencia de los asambleístas de que resistirán, y tras las fuertes quejas por la judicialización de la protesta, la Casa Rosada tiene previsto presentar más pruebas contra los manifestantes e, incluso, sumar más nombres a la lista de denunciados. Anteanoche, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó la demanda civil y penal contra un grupo de manifestantes en el juzgado de Concepción del Uruguay. En medio del hermetismo de la Casa Rosada, ayer se habló de diez denunciados. Pero por la noche se especuló con que fueran aún más.

"Esto ya está en la Justicia y vamos a presentar más pruebas", dijo un ministro a LA NACION, molesto por la actitud de los ambientalistas. Ayer hubo varias llamadas y reuniones en el Gobierno. Aníbal Fernández estuvo en contacto permanente con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y la presidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho, fuera de agenda, a Da Rocha. Además, también hubo encuentros entre el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia, Julio Alak, con la jefa del Estado.

El malestar en la Casa Rosada creció con las horas, ayer, después de que los ambientalistas descalificaran la decisión del Gobierno y amenazaran con revelar que tuvieron apoyo oficial para mantener el corte de ruta. Y sobre todo cuando aparecieron las declaraciones del intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahíllo, que se distanció del oficialismo con duras críticas. Pidió no judicializar la protesta y sostuvo: "Mis vecinos no son delincuentes". Esta frase cayó muy mal en Balcarce 50. Si bien a media tarde surgió una versión de que el intendente viajaba a Buenos Aires para reunirse con Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete lo negó rotundamente. "Nunca estuvo previsto que viniera", transmitió mediante sus voceros.

Ayer el hermetismo volvió a instalarse en los despachos oficiales y todos se excusaron de dar a conocer la denuncia que había anunciado el jefe de Gabinete el día anterior.

El Gobierno apuesta ahora a ganar tiempo. "Hay que esperar unos días para que esto decante y la próxima semana se tomarán nuevas medidas", dijo anoche a LA NACION una fuente que habló con varios ministros sobre el tema.

El Gobierno sostiene que no puede dialogar con los manifestantes por la falta de un liderazgo en la asamblea y por eso apostó a querellarlos en la Justicia. "No hay interlocutores válidos porque no hay una conducción. No se puede negociar", reflexionaba un kirchnerista que conoce de cerca el conflicto. En esa estrategia de apelar al paso de los días, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, pidió ayer a los ambientalistas que "recapacitaran". "El corte obstruye la posibilidad de que la Argentina controle la contaminación del río Uruguay", reclamó durante un acto en Palermo sobre seguridad vial. E insistió: "Los asambleístas tienen que llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta, porque perjudica además las relaciones con Uruguay, a los ciudadanos y al comercio".

En el Gobierno están confiados en ganar la batalla con el vuelco que dieron al convertirse en querellantes. "Cuando los procesen, el resto se va a asustar", dicen, optimistas, sobre los manifestantes. Incluso, creen que la estocada final será por la demanda civil, que implicará que los ambientalistas a los que se los encuentre culpables deberán responder con su propio patrimonio.

La Nación
Viernes 11 de Junio de 2010

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