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A la espera del debate por el corte en Gualeguaychú, el Gobierno se presentó como querellante en la causa
Se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el que se pide al juez de Concepción del Uruguay que acepte la denuncia del Ejecutivo contra los asambleístas; los vecinos discutirán el miércoles si levantan el bloqueo por dos meses
Horas después de que los asambleístas de Gualeguaychú aceptaran discutir la posibilidad de suspender el corte en la frontera con Fray Bentos por dos meses, se oficializó la presentación del Gobierno como querellante en la causa contra el bloqueo, en la que la administración de Cristina Kirchner denunció a un grupo de vecinos por 18 delitos.
A través del decreto 828/2010, que la Presidenta había firmado el viernes a última hora y que se publica hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa 57.839. Es el expediente en el que la Casa Rosada acusó civil y penalmente a diez asambleístas.
La medida, pensada originalmente para que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, tuviera una nueva herramienta para comenzar a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, se concreta en un contexto distinto al del viernes último, cuando Cristina Kirchner firmó el decreto.
Ocurre que anoche la asamblea ambiental decidieron que pasado mañana votarán la posibilidad de suspender el corte que mantienen desde hace tres años y media a cambio de que se realice un control de impacto ambiental en el interior de la pastera UPM (ex Botnia).
En los fundamentos, el decreto 828 se afirma que "la ocupación indebida" del paso fronterizo internacional "ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".
Delitos. Tras citar los ejes del fallo que la Corte Internacional de La Haya emitió el 20 de abril último, el decreto afirma: "Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".
Enseguida se enumeran los delitos de los que el Gobierno acusa a los asambleístas. La lista incluye: homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito.
"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", concluye la norma que firman la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio Alak.
La Nación
Lunes 14 de Junio
de 2010