Dispuestos a ceder, pero a cambio de alguna garantía contra la contaminación de la que responsabilizan a UPM (ex Botnia). Así se muestran los vecinos de Gualeguaychú que anoche aceptaron debatir la suspensión por dos meses del corte que mantienen desde hace tres años y medio en la frontera con Uruguay.

"Estamos dispuestos a ceder. Pero queremos consensuarlo poniendo en la balanza qué es lo que conviene. Si se decide levantar [el bloqueo sobre la ruta 136] será a cambio de que el Gobierno ponga el mismo énfasis que puso en criminalizar la protesta en decirle [al presidente uruguayo, José] Mujica que deje entrar a monitorear Botnia", planteó Oscar Bargas, uno de los líderes de la asamblea ambiental.

Bargas fue lapidario respecto de la denuncia de la Casa Rosada contra un grupo de vecinos y cuestionó el giro en la postura oficial frente a los asambleístas. "No nos parece justo que de la casua nacional hayamos pasado a denuncia nacional", contrastó en declaraciones a TN.

Contrapartida. Por su parte, José Pouler, otro de los históricos de la asamblea, ratificó que el posible levantamiento del corte se discutirá el miércoles, pero aclaró: "Esa puede ser una de las medidas, pero se decidirá a cambio de que ocurran ciertas cosas de parte del Gobierno que hasta ahora no han sido posibles".

En el mismo sentido, añadió: "Hay que empezar a exigir cosas para evitar que Uruguay se prenda de eso [la suspensión del bloqueo] para no permitir el monitoreo".

Por otra parte, en declaraciones a radio Mitre, Pouler admitió que la "tozudez" puede atentar contra el reclamo por Botnia. También reconoció que la eventual flexibilización de la medida de fuerza responde "en parte" a la denuncia de la Casa Rosada contra un grupo de vecinos.

No obstante, cuestionó esa última decisión del Gobierno. "Hay que ver qué quieren darnos a cambio. Porque una amenaza como la de llevarlns ante la Justicia no hará que nos movamos de la ruta", desafió.

Decreto y denuncia. En este clima, quedó oficializada la presentación del Gobierno como querellante en la causa contra el bloqueo, en la que la administración de Cristina Kirchner denunció a un grupo de vecinos por 18 delitos.

A través del decreto 828/2010, que la Presidenta había firmado el viernes a última hora y que se publica hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa 57.839. Es el expediente en el que la Casa Rosada acusó civil y penalmente a diez asambleístas.

La medida, pensada originalmente para que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, tuviera una nueva herramienta para comenzar a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, se concreta en un contexto distinto al del viernes último, cuando Cristina Kirchner firmó el decreto.

Ocurre que anoche la asamblea ambiental decidieron que pasado mañana votarán la posibilidad de suspender el corte que mantienen desde hace tres años y medio a cambio de que se realice un control de impacto ambiental en el interior de la pastera UPM (ex Botnia).

En los fundamentos, el decreto 828 se afirma que "la ocupación indebida" del paso fronterizo internacional "ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".

Delitos. Tras citar los ejes del fallo que la Corte Internacional de La Haya emitió el 20 de abril último, el decreto afirma: "Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".

Enseguida se enumeran los delitos de los que el Gobierno acusa a los asambleístas. La lista incluye: homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito.

"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", concluye la norma que firman la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio Alak.

La Nación
Lunes 14 de Junio de 2010

Visite nuestros contenidos de
IMPACTO AMBIENTAL