El levantamiento del corte en Gualeguaychú es un avance en la recomposición de las relaciones con Uruguay, pero en forma sólo provisoria.

El corte fue apoyado abiertamente por el gobierno de Néstor Kirchner quien llegó a denominar esa medida ilegal como una “causa nacional”. En los últimos tiempos el actual Gobierno sostuvo que no recurriría a la represión para liberar el paso, lo cual implicaba que consideraba que esa era la única alternativa disponible.

En un encuentro con el presidente uruguayo José Mujica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a revertir el corte y, a partir de allí, el Gobierno cambió su posición y, quienes habían sido considerados adalides de una supuesta lucha contra la contaminación fueron denunciados a la Justicia por varios delitos.

En un breve lapso los asambleístas de Gualeguaychú, acosados tanto por la ofensiva oficial como por el rechazo que generaba el corte en la población, decidieron suspender el corte. Esta rápida resolución del tema demuestra que la represión no era necesaria y que el Gobierno tenía recursos que no quiso o no supo utilizar.

El levantamiento del corte es provisorio y está sujeto a la exigencia de los asambleístas de participar directamente en el monitoreo de la pastera de Fray Bentos, pretensión que choca contra la jurisdicción uruguaya en el tema y que ya ha generado una discusión en el vecino país. Es decir, el problema y el conflicto con Uruguay siguen en suspensión.

El levantamiento del corte de Gualeguaychú deja el conflicto con Uruguay en suspenso y muestra que el Gobierno tenía recursos que no quiso o no supo utilizar para revertir la medida.