a papelera UPM (ex Botnia) volvió a generar ayer tensión diplomática entre la Argentina y Uruguay. La mecha la encendieron los referentes uruguayos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que denunciaron a sus pares argentinos por "bloquear" tres informes de monitoreo ambiental de los efluentes que vuelca la planta de celulosa al río.

El ex vicepresidente de Uruguay y actual miembro de la CARU, Luis Hierro López, dijo ayer en declaraciones periodísticas que "debe haber una conversación y acuerdo entre los cancilleres para que se ponga fin al bloqueo de la difusión de los informes" por parte de la Argentina.

No fue el único que mencionó que la Argentina oculta información sobre las muestras de aguas del río Uruguay. El presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silberman, había dicho la semana pasada que "se exigió" el informe al comité científico sobre los resultados de las muestras tomadas en el río. "Se establecieron negociaciones, pero no han prosperado", señaló Silberman. El paso siguiente, para Uruguay, tendría que ser a través de las dos cancillerías, sostuvo.

La Cancillería argentina no respondió en público las quejas que llegaron de Montevideo, pero el tema llegó al despacho del canciller Héctor Timerman. Según pudo saber La Nacion, Timerman ya dialogó sobre el conflicto con su par uruguayo, Luis Almagro, para buscar una solución.

Las denuncias de que la Argentina frena los informes de monitoreo del río -que en teoría benefician la posición uruguaya- no son nuevas, pero esta vez cobraron mayor relevancia diplomática porque en el gobierno uruguayo "hay mucho malestar", según reveló un importante diplomático a La Nacion.


Promesas

En la administración uruguaya sostienen que existía una promesa de la Argentina de que los documentos se conocerían después de las elecciones presidenciales. La idea era evitar reacciones de los asambleístas de Gualeguaychú antes de los comicios. Pero a diez días de la definición que convalidó la reelección de Cristina Kirchner no hubo respuesta y mucho menos difusión de los informes.

Hasta ahora, hay tres informes de los laboratorios canadienses sobre los efluentes que vuelca en el río Uruguay la planta de celulosa de la empresa UPM (ex Botnia).

Tal como lo dispone el fallo de la Corte Internacional de La Haya, las muestras de aguas del río Uruguay tomadas en las proximidades de la papelera fueron enviadas a dos laboratorios de Canadá y tres de ellas ya fueron analizadas. Sus resultados se enviaron a la CARU y hace más de un mes que tenían que hacerse públicos.

Esos resultados deben ser interpretados por cuatro técnicos de ambos países y posteriormente difundidos por la CARU. Pero, según Uruguay, la delegación argentina "bloqueó" la difusión con el pretexto técnico de que los efluentes que se tomaban como muestras no estaban con la temperatura establecida. El parámetro actual establecido va de 30 a 37 grados desde el momento de la muestra.

Ayer, el canciller Almagro admitió que uno de los temas que se negocia es la temperatura de las aguas vertidas al río Uruguay.

El presidente de la CARU por el lado argentino, el embajador Hernán Orduna, se limitó ayer a decir a La Nacion: "No hay nada que decir. Simplemente sabemos que la CARU todavía no recibió los informes de Canadá". La explicación se contrapone con lo que dicen sus pares de Uruguay.

Fuentes calificadas de la Cancillería dieron dos versiones posibles que justificarían el "bloqueo" de la información que denunció Uruguay.

Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que algunas de las muestras de laboratorio haya dado con un nivel de contaminación mínimo del lado de Gualeguaychú y ante esto el gobierno argentino trataría de eludir la difusión de los informes para evitar una queja de los asambleístas entrerrianos. "Ahora que se viene el verano y habrá mucho tránsito de turistas por Gualeguaychú, el gobierno argentino no puede jugarse a emitir informes ambientales que alteren los ánimos de los asambleístas", explicó un destacado diplomático que conoce las peleas internas en la CARU.

La otra explicación tiene que ver con una pelea de pago chico entre el gobernador Sergio Urribarri y Orduna para ver quién controla a los manifestantes de Gualeguaychú, ya que el embajador en la CARU fue vicegobernador de Entre Ríos e intendente de Concordia y ahora tiene más aspiraciones políticas.


La polémica

• Los informes. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) debe emitir un informe con el resultado de las muestras de agua que analizó un laboratorio de Canadá.
• Las trabas. Desde hace más de un mes están esos informes, pero los representantes de la CARU del lado de Uruguay dijeron que la Argentina no los difunde.
• Desacuerdo. No hubo acuerdo aún entre las cancillerías para destrabar el tema.

Por: Martín Dinatale

La Nación
Miércoles 2 de Noviembre de 2011

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