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Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - 7 al 8 de diciembre de 1996. Parte 6

Fecha de Publicación: 1/1/2000

Informe del Secretario General sobre la Ejecución de las Iniciativas de la Cumbre de Santa Cruz, marzo de 1998

Avances en aspectos institucionales, financieros, tecnológicos y de cooperación

Además de las 65 iniciativas que llevarán a cabo los gobiernos en varios sectores, el Plan de Acción de Bolivia prevé también la adopción de algunas medidas referentes a aspectos institucionales, financieros y tecnológicos, y a la participación pública, para crear un marco que facilite la aplicación de esas iniciativas.

1. Ámbito institucional

En Santa Cruz se encomendó a la OEA la coordinación del seguimiento de las diferentes iniciativas de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible. Se pidió a varias entidades de las Naciones Unidas y del sistema interamericano que colaborarán a esos efectos.

a. Coordinación y colaboración interinstitucional
En el Plan de Acción de la Cumbre se exhorta a los órganos, instituciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano "a desarrollar mecanismos adecuados de colaboración y coordinación con la OEA dentro de sus respectivas esferas de acción y sus mandatos, en respaldo de los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos en favor del desarrollo sostenible". Como respuesta a esas instrucciones, un grupo de instituciones del sistema de la ONU y del sistema interamericano, incluidos todos los principales bancos de la región, se reunieron en febrero de 1997 bajo la coordinación de la Secretaría de la OEA para crear un Grupo de Trabajo Interagencial de Apoyo al Seguimiento de la Cumbre de Bolivia.

Los miembros iniciales del Grupo de Trabajo fueron la Secretaría General de la OEA, el Banco Mundial, el BID, el PNUD, el PNUMA, la CEPAL, la OPS, el IICA, la CAF, la USAID y la CIDA.

Los objetivos del Grupo de Trabajo se definieron como una labor interinstitucional encaminada a:

Brindar un foro para el análisis de la aplicación de las metas de la Cumbre, especialmente cuando una labor coordinada de entidades internacionales e instituciones financieras facilite el cumplimiento de iniciativas gubernamentales.

Promover el financiamiento de actividades de alta prioridad identificadas por las autoridades hemisféricas en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

Organizar grupos de trabajo para que se ocupen de iniciativas específicas contenidas en el Plan de Acción de la Cumbre, especialmente las que requieran actividades colectivas de los países miembros que puedan facilitarse a través del respaldo coordinado de entidades internacionales e instituciones financieras.

Hacer las veces de centro de intercambio de información para facilitar la recopilación y acumulación de información de distintas entidades con respecto a las medidas adoptadas para ayudar a los gobiernos a aplicar el Plan de Acción.

El grupo seleccionó unos pocos objetivos cardinales de la amplia gama de iniciativas de la Cumbre y creó una serie de grupos de trabajo práctico para diseñar proyectos conjuntos, elaborar estudios específicos conjuntos o colaborar en la celebración de conferencias técnicas para facilitar la labor de seguimiento de la Cumbre, tanto por parte de los gobiernos como de las entidades. El principal criterio para el establecimiento de grupos de trabajo institucionales sobre temas específicos es que deben producir una cooperación "que agregue valor". Ya se ha comprobado que el producto de esos esfuerzos conjuntos permite economizar dinero y mejorar cualitativamente la labor de las entidades a los efectos de ayudar a los gobiernos a aplicar las iniciativas de la Cumbre. La labor del Grupo de Trabajo fue expandida recientemente de modo de incluir respaldo para la aplicación de iniciativas provenientes de la sección pertinente del Plan de Acción de la Cumbre de Miami, además de la Cumbre de Bolivia. El presente informe sobre realización de lo decidido en la Cumbre se basa en gran medida en el aporte de entidades representadas en el equipo de trabajo.

b. Red de derecho ambiental
En el Plan de Acción se insta a crear una red hemisférica de autoridades y expertos en derecho ambiental y aplicación coercitiva y voluntaria de sus normas, para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias. Además, la red será un foco para la aplicación de medidas que refuercen las leyes, los reglamentos y su aplicación, y también para proporcionar capacitación en esos ámbitos. Al hacer un llamamiento al establecimiento de la red, los países manifestaron que la labor se realizaría en coordinación con la OEA.

La OEA ha asumido un papel de vanguardia en esta iniciativa. En el Grupo de Trabajo Interagencial de Apoyo al Seguimiento de la Cumbre de Bolivia preside un grupo de trabajo sobre derecho ambiental en que están representados el PNUD, el PNUMA, la USAID y la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. En el presupuesto de la OEA se ha incluido financiamiento para preparar una reunión técnica inicial que ponga en marcha la red. La Organización ha participado también en reuniones extraoficiales con entidades con asiento en Washington, D.C., para explorar la posibilidad de obtener aportes de diversas entidades para la creación de la red.

Las actividades financiadas por la OEA constituyen un esfuerzo mínimo decisivo para establecer esta iniciativa, pero no son suficientes para garantizar su éxito. Debería procurarse que otros de los que respaldan la iniciativa financien actividades adicionales en 1998, incluidas reuniones de participantes de la red, para intercambiar conocimientos y experiencias y con fines de capacitación.

2. Financiamiento

En el Plan de Acción se propone una movilización de recursos financieros acorde con los compromisos asumidos en la Cumbre de Río. También se establece que esos recursos deben complementarse con mecanismos de financiamiento innovadores, y se destaca la importancia de los organismos e instituciones financieras internacionales para respaldar los esfuerzos del hemisferio.

En Santa Cruz se exhortó a la OEA a ayudar a identificar vías y medios para reforzar el financiamiento público y privado de un desarrollo sostenible del hemisferio. El BID, el PNUD, el Banco Mundial y la CEPAL fueron algunas de las instituciones hemisféricas e internacionales a las que se solicitó ayuda a esos efectos. Con esos fines se estableció un grupo de trabajo con la participación de la OEA, el BID, el PNUD, el Banco Mundial, la CEPAL y la CAF. En 1998 se realizará una reunión técnica sobre financiamiento de un desarrollo sostenible.

Se han hecho esfuerzos por atraer capital privado para programas y proyectos patrocinados por organismos internacionales. La Secretaría de la OEA ha establecido el Fondo (Trust) para las Américas, fundación que tratará de movilizar recursos provenientes del sector privado para actividades vinculadas con lo decidido en las reuniones de la Cumbre. También trabajará en estrecha relación con fundaciones del hemisferio para facilitar una labor que complemente las actividades de seguimiento de las Cumbres, según lo establecido en el "Plan Estratégico de Asociación para el Desarrollo 1997-2001" del CIDI. El Fondo hará hincapié en el desarrollo de los recursos humanos, el intercambio de información y las investigaciones interdisciplinarias, con un enfoque interamericano, para robustecer cualitativamente la cooperación técnica.

El BID y 15 países de América Latina y el Caribe encabezados por Colombia han unido sus esfuerzos para crear el Fondo Regional para la Agricultura, que es una fundación para financiar investigaciones agrícolas estratégicas altamente prioritarias. Además, el Banco considera la posibilidad de establecer una Fundación de las Américas para proporcionar apoyo financiero a iniciativas de la sociedad civil en América Latina y el Caribe.

En los años noventa pueden identificarse varias tendencias importantes en materia de financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El aumento del interés y de las actividades referentes a la creación de mecanismos de financiamiento interno e internacional innovadores han llevado a reducir los daños sufridos por el medio ambiente y el uso de subsidios económicamente distorsivos, y a hacer mayor uso de cargos ambientales, tasas de usuarios, y, en unos pocos casos, programas de canje de emisiones.

Las corrientes de recursos financieros privados externos han aumentado. Los fondos privados de ese género se han convertido en la principal fuente de capital para muchos países de la región. No obstante, es difícil determinar sus repercusiones netas sobre el desarrollo sostenible.

La pesada carga de la deuda ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo sostenible. Aunque la situación de la deuda de los países de ingreso medio ha mejorado considerablemente en conjunto, y muchos de esos países han reingresado a los mercados internacionales de capital, los países pobres muy endeudados siguen soportando la dura carga del servicio de la deuda externa, pese a los esfuerzos internacionales realizados durante una década. El problema ha sido atendido mediante una iniciativa del Banco Mundial y el FMI encaminada a reducir la carga de su deuda, llevándola a niveles sostenibles, y a completar un proceso de reprogramación a lo largo de seis años.

Como las corrientes de recursos financieros privados se han convertido en la principal fuente de capital para muchos países de la región, ha aumentado la importancia de las políticas que dan lugar a un entorno macroeconómico estable, leyes y administración pública transparentes y justas, un comercio exterior abierto y normas nítidas en materia de inversiones, así como una infraestructura y recursos humanos adecuados, ya que son determinantes clave de las corrientes de capital privadas externas. Los países deben canalizar corrientes financieras de modo de promover un desarrollo sostenible a través de políticas sociales y ambientales bien concebidas, en lugar de limitarse a procurar un crecimiento económico no sostenible, de corto plazo. Debería incrementarse la asistencia financiera internacional orientada hacia un desarrollo sostenible, y la misma, para ser plenamente eficaz, debería usarse en todos los casos en que fuera conveniente, para atraer inversiones privadas externas e internas compatibles con un desarrollo sostenible, especialmente en cuanto a la reducción de la pobreza.

3. Ciencia y tecnología

El principal mecanismo regional para hacer frente a los temas de la ciencia y la tecnología es la Reunión de los Ministros de Ciencia y Tecnología. Este foro, cuya última reunión se realizó en Cartagena en 1996, dictó un Plan de Acción para atender las prioridades y coordinar actividades e inversiones en la esfera de la cooperación científica y tecnológica. La decisión de encargar al Mercado Común de Conocimientos Científicos y Tecnológicos (MERCOCYT) la labor de controlar la aplicación del Plan de Acción de Cartagena mereció el reconocimiento del Plan de Acción de Bolivia. Se confirió a la OEA el cometido específico de colaborar con el MERCOCYT para diseñar un programa de ciencia y tecnología.

La Secretaría de la OEA diseñó un programa destinado a atender algunos problemas prioritarios definidos en el Plan de Acción sobre la Ciencia, que comprende proyectos referentes a indicadores de innovaciones científicas y tecnológicas, tecnologías de empresas de alimentos en el Caribe, utilización de la biotecnología en la producción de vegetales, creación de instituciones en América Central y transferencia de tecnología en sectores industriales clave.

La primera de las reuniones de sectores industriales clave, que centró la atención en el sector agroalimenticio, se celebró en Costa Rica a mediados de 1997 con la participación de 76 asociaciones industriales de 21 países y representantes de cuatro instituciones financieras. La OEA aunó fuerzas con GTZ, que es el organismo alemán de cooperación técnica, para ofrecer seminarios en cinco países con respecto a ISO 9000 e ISO 14000, centrando la atención en temas del manejo de descargas de productos químicos en efluentes industriales. También la USAID ha patrocinado seminarios, con respecto a ISO 14000 y a una tecnología limpia, para el sector de exportaciones industriales de Sudamérica y para el sector de la hotelería turística en el Caribe. Además, el proyecto del Sistema de Información Especializada sobre Biotecnología (SIMBIOSIS), que recibió atención especial en Cartagena, proporciona capacitación sobre aplicaciones biotecnológicas en siete países, para el tratamiento de contaminantes industriales como los provenientes de la actividad minera.

En octubre de 1997 el PNUD comenzó a ejecutar un proyecto de asistencia para la preparación del establecimiento de la Red de Desarrollo Sostenible de las Américas, que proporcionará información y medios de comunicación para la realización de análisis y la adopción de decisiones sobre temas de desarrollo sostenible. El proyecto preparatorio formulará el documento del programa que respaldará el establecimiento de la Red y la creación de una versión piloto de su diseño y una masa crítica de módulos clave para determinar en qué medida suministra información y servicios básicos a los usuarios. En abril de 1998 se presentará a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Santiago de Chile un documento de programa que respaldará el establecimiento de la red hemisférica, cumpliendo así el mandato conferido al PNUD en Santa Cruz.

La mayor parte de las dificultades con que se tropieza para transferir información científica y tecnológica guarda relación con la creciente brecha existente entre los países que invierten en tecnologías innovadoras y los que no pueden respaldar adecuadamente la investigación y el desarrollo. Los acelerados adelantos en tecnologías tales como las de la informática, la microelectrónica, la biotecnología, los nuevos materiales y los equipos digitales de comunicación requieren considerables inversiones en capacitación e instituciones. Esta brecha tecnológica influye considerablemente sobre el bienestar de los países afectados, ya que, en gran medida, determina diferencias de productividad que, a su vez, afectan a los niveles de ingresos y a la distribución de estos últimos dentro de un mismo país y entre distintos países.

La labor del MERCOCYT debe seguir contando con un firme respaldo, a fin de que se cumplan los Planes de Acción de Cartagena y de Bolivia. Debe darse carácter prioritario a la creación de un sistema regional de innovación, para elevar el nivel de cooperación en ciencia y tecnología, establecer políticas comunes de generación, transferencia y acceso a nuevas tecnologías y respaldar programas subregionales tales como el de la Comisión Científica y Tecnológica para América Central y Panamá (CTAP).

4. Participación pública

Los gobiernos del hemisferio, en recientes conferencias cumbre mundiales y regionales, han reconocido el hecho de que una firme participación de la sociedad civil en la toma de decisiones es un factor fundamental para reforzar el régimen democrático, promover el desarrollo sostenible, lograr la integración económica y el libre comercio, mejorar el nivel de vida de toda la población y conservar el medio ambiente natural para las futuras generaciones. En la esfera del desarrollo sostenible, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra apoya específicamente ese principio, comprometiéndose sus signatarios a respaldar y promover, como requisito básico de un desarrollo sostenible, una amplia participación de la sociedad civil en la elaboración de decisiones referentes a políticas y programas y su diseño, aplicación y evaluación.

Con posterioridad a la Cumbre de las Américas celebrada en Miami y a la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible se han logrado considerables avances en cuanto a la satisfacción de la necesidad de participación pública en la toma de decisiones y la identificación y creación de los medios que permitan reforzar la sociedad civil.

Actualmente, la Organización de los Estados Americanos, en cumplimiento de lo previsto en la Cumbre de Bolivia, está elaborando la Estrategia Interamericana de Participación Pública (ISP) para identificar mecanismos concretos que hagan posible una participación transparente, responsable y eficaz de cada persona, de la sociedad civil y de los gobiernos, y promover una toma de decisiones participatoria en cuestiones referentes al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Esta estrategia está siendo elaborada mediante la realización de estudios de demostración, el análisis de marcos y mecanismos jurídicos e institucionales pertinentes, el intercambio de información y experiencias y el establecimiento de una base para un respaldo financiero a largo plazo de alianzas del sector público y privado. La ISP constituye un importante programa de respaldo de actividades colectivas a cargo de los Estados miembros de la OEA para reforzar alianzas entre el sector público y la sociedad civil. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la OEA, la USAID, la UNESCO y otros donantes aportan respaldo financiero a esa labor. Se han realizado varias consultas y reuniones y se están efectuando estudios técnicos para identificar enseñanzas logradas y prácticas óptimas referentes a mecanismos de participación pública que hayan de recomendarse con carácter de Estrategia final.

En la mayoría de los países del Hemisferio la participación de la sociedad civil aún no ha sido plenamente insertada en los procesos de adopción de decisiones sobre desarrollo sostenible, lo que es necesario para que los ciudadanos puedan participar en forma responsable en decisiones referentes a la senda de desarrollo de su país y de su comunidad. Aun cuando existen mecanismos que permiten facilitar y hacer posible una participación eficaz, muchos no conocen su alcance y su aplicación o carecen de los instrumentos que les permitan aprovechar los procesos disponibles. Al no insertar plenamente la participación de los interesados en las políticas del medio ambiente y el desarrollo sostenible los gobiernos se ven privados constantemente del singular aporte y de los puntos de vista de la sociedad civil, y se limita la participación plena de los ciudadanos en la determinación de su futuro. Hasta ahora, el principal obstáculo para la aplicación de la ISP ha consistido en la dificultad para mantener una corriente de coordinación e información entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Las experiencias de la OEA en cuanto a la aplicación de la ISP podrían conducir a un más amplio respaldo de la participación de la sociedad civil en temas de interés público en ámbitos considerados pertinentes por la Cumbre de Santiago.