El informe de factibilidad del plan de saneamiento realizado por profesionales de la UBA a pedido de la Corte Suprema de Justicia será analizado en la próxima audiencia fijada por el máximo tribunal para el 4 de julio, en la que las partes en conflicto y las ONG que intervienen como terceros volverán a reunirse para avanzar en una solución a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y a sus efectos sobre la población aledaña.

Lo vienen haciendo desde el año pasado en el contexto de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estados nacional y otros s/daños y perjuicios". Durante esas audiencias, la Corte Suprema ordenó al Estado la elaboración de un plan de saneamiento, que fue luego presentado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ya que el gobierno nacional tiene la presidencia de la tripartita Autoridad de Cuenca. También la integran los poderes ejecutivos bonaerense y porteño.

La Corte, primero, solicitó una ampliación de la propuesta y, luego, requirió a especialistas de la UBA que analizaran su factibilidad.

"Nosotros habíamos pedido un comité de expertos para el seguimiento de la puesta en marcha del plan. El tribunal fue más allá y pidió un análisis previo. El informe confirma que no hay un plan y que existen preocupantes señalamientos en materia de salud."


Medidas cautelares

"Creo que va a poner a la Corte en situación de valorar medidas cautelares solicitadas y de pedir al Estado que muestre una política sanitaria activa", dijo Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que participan en el proceso.

LA NACION intentó contactar a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, para obtener su opinión sobre el informe de la UBA.

Sus voceros explicaron que un problema familiar retenía ayer a la funcionaria en Córdoba y, más allá de eso, indicaron que correspondía realizar el descargo en la audiencia fijada por la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la ciudad, Juan Manuel Velasco, dijo desconocer el peritaje de la UBA, pero recordó que había enviado una nota a Picolotti para exigirle que convocara un plenario de la Autoridad de Cuenca, que, desde su creación por ley, nunca se reunió.

Además, en cumplimiento de una norma local, que declaró la emergencia ambiental de la cuenca, Velasco -uno de los dos representantes de la ciudad en el ente tripartito- presentó un plan de trabajo a una comisión de legisladores, empresas, ONG y vecinos.

La Nación
Jueves 21 de Junio de 2007

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