Una estrategia minera compartida por todos los mendocinos, o al menos por la gran mayoría, supone además la oportuna adecuación, no sólo de las normas de exploración y explotación sino también la definición de un mapa minero, de un plan ambiental que defina nuestras prioridades de preservación natural y la dotación de una estructura estatal altamente capacitada para el control de esa actividad.

Pero lo cierto es que ni se ha definido una política al respecto ni se cuenta con un Estado capaz, habilitado para el control de una actividad que incluye riesgos y que requiere un celoso control por parte de los organismos responsables de garantizar el equilibrio en cateos y futuras explotaciones.

Las crónicas muestran, en cambio, idas y vueltas, acciones casi espasmódicas sin el marco de una estrategia pública consensuada, que anticipe qué puede hacerse, dónde, con qué métodos y con qué medidas de resguardo del interés público. Hay contrastes con leyes nacionales y provinciales e incluso con acuerdos internacionales.

En esa anarquía ha ido creciendo el miedo, mezclado con acciones oficiales de promoción de la minería. Ha habido en los últimos años iniciativas oficiales de promoción de la actividad, incluyendo misiones de difusión de nuestras posibilidades al exterior, contrastadas luego con retrocesos y suspensiones de cateos, que terminaron abortando emprendimientos de exploración promovidos por el propio gobierno, con frenos posteriores empujados por la reacción popular y complicadas este año en función de las necesidades de la actividad política por las elecciones inminentes, que incentivan a legisladores, intendentes -acicalados por la protesta de los vecinos futuros votantes- a encabezar puebladas pensando más en las urnas de octubre que en las razones ambientales.

La Legislatura, apretada por los acontecimientos, llegó a triplicar las áreas protegidas, superponiéndose a áreas en las que había cateos concedidos en función del Código Minero Nacional y que habían sido respuesta a promociones.

Queda claro además que la comunidad no confía en la capacidad de su Estado para garantizarle una actividad minera equilibrada, ajustada a las normas y con celoso cuidado de la naturaleza. Pocos confían en que los organismos oficiales estén dotados -técnica y humanamente- de los medios necesarios para ser celosos reguladores de la actividad minera.

Bastaría con merituar los presupuestos, las estructuras y la evolución de los organismos que deben hacer las veces de policía minera. Sus limitaciones son la principal duda de la gente razonablemente preocupada por el tema, en tanto deben enfrentarse intereses corporativos muy poderosos de envergadura internacional, que en algunos casos han dejado huellas de desaprensión en sus explotaciones.

Se ha señalado que hace 20 años, la Dirección de Minería -por ejemplo- financiaba su estructura profesional y técnica con mayores recursos que los que hoy le asigna el presupuesto público, en una clara muestra de menosprecio hacia su poder controlador.

La mayoría de los postulantes a las candidaturas que se definirán en octubre, han coincidido en que Mendoza necesita desarrollar todos sus recursos, la minería metalífera entre ellos, pese a la terminante prohibición que acaba de sancionar la Legislatura provincial, presionada por las circunstancias políticas y por la reacción popular, más emotiva que analítica.

Si bien -por razones de política circunstancial- nadie sincerará un proceso que ha estado viciado por falta de información precisa y por la disputa política de las urnas inminentes, surge claro que cuando la ciudadanía defina sus nuevos representantes, y serenados los ímpetus electorales y reeleccionistas, será necesario volver a convocar a un debate con racionalidad y sin la presión electoral que condiciona las conductas políticas en el Barrio Cívico, en la Legislatura y en las intendencias.

Como venimos señalando, la serie de marchas y contramarchas y los espasmos de los últimos tiempos, han conformado un testimonio de años sin liderazgos, sin una política coherente y estable, con un Estado desmantelado en cuya capacidad de resguardo del interés público nadie cree.

Disipados los compromisos electorales, ojalá se pueda reiniciar un análisis integral del problema, que nos ayude a definir en Mendoza una política minera, con reglas claras respecto de objetivos, escenarios, metodologías y metas ambientales que impliquen un marco previsible y confiable tanto para potenciales inversores como para la gente preocupada por su entorno natural.

Los Andes
Lunes 2 de Julio de 2007

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