En medio de algunos tironeos entre el Gobierno nacional, porteño y provincial por el plan de saneamiento, hoy -a partir de las 10- se realizará la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. El objetivo del encuentro es requerir observaciones sobre el plan presentado por el Estado Nacional y el informe de factibilidad encargado por la Corte a peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El informe de los peritos critica el plan oficial Todos los capítulos del plan de saneamiento del Riachuelo fueron cuestionados por la pericia de los expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), convocados por la Corte Suprema. Según este informe, el plan que presentó el año pasado la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, no cumpliría con las pautas mínimas, emplea en algunos aspectos información imprecisa, y no aporta datos para sustentar algunos puntos del plan. "Se puede observar que existe mucho trabajo de base realizado, pero a nuestro criterio, falta una sistematización dentro del formato del planeamiento que permita comunicar y valorar un diagnóstico y las propuestas que establezcan el compromiso que asume la Secretaría con respecto a la cuenca del Matanza Riachuelo", señala el informe en una de sus conclusiones. Cómo sigue el caso Tras las audiencias, la Corte Suprema deberá resolver si aprueba o no el plan de saneamiento. Puede exigir la profundización de este plan y el desarrollo de algunos de los estudios técnicos sobre la contaminación y las medidas de prevención. También debe resolver el planteo de la Ciudad, que reclamó que la Corte declare inconstitucionales acciones del Comité de Cuenca. Tampoco descartan pedir a la brevedad informes a entidades internacionales con experiencia en este tipo de problemática ambiental. Además deberá dar respuesta a una serie de medidas "concretas e impostergables" de varias ONGs que participan como terceros de esta causa.

Luego, el tribunal deberá resolver si aprueba este plan de saneamiento o exige modificaciones.

El año pasado, el Estado nacional, el Gobierno porteño y el de la Provincia presentaron el plan de saneamiento, con la firma de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; el gobernador bonaerense, Felipe Solá, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, entre otros funcionarios.

Pero la semana pasada, el ministro de Medio Ambiente porteño, Juan Manuel Velazco, presentó una denuncia ante la Corte en la que pide la "conformación" de la Autoridad de Cuenca y también que se declare anticonstitucional lo actuado "unilateralmente" por la presidenta del ente.

A diferencia de las audiencias anteriores, hoy los tres Estados harán sus exposiciones por separado. La lista de oradores incluye a Picolotti; la Directora Nacional de Salud Materno Infantil, Ana María Speranza; el Procurador porteño, Agustín Zbar; el Ministro de Medio Ambiente porteño, Velazco; el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino; y representantes de las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, del CELS, de la Asociación de Vecinos de la Boca, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de empresas radicadas en la cuenca.

Esa demanda -"Mendoza Beatriz c/Estado Nacional"- fue iniciada por vecinos de la zona contra los tres estados y 44 empresas señaladas como responsables.

En la primera audiencia, Picolotti había estimado en 15 años el plazo para el saneamiento: pidió 5 para que todos los vecinos de la zona afectada tengan distribución de agua potable y 15 años para que cuenten con cloacas.

El Tribunal había remarcado que la funcionaria no convenció con sus explicaciones.

Según fuentes del tribunal, tampoco el informe de los peritos de la UBA los habría dejado conformes. Y no descartan que se analice la posibilidad de pedir un nuevo estudio, aunque esta vez a consultores internacionales.

Fuentes cercanas a la secretaría de Medio Ambiente señalaron que: "las críticas del informe de la UBA se debieron a que no tuvieron tiempo ni toda la información para hacerlo. Nunca nos pidieron documentación ni hubo reuniones de asesores técnicos. En la Audiencia contestaremos cada una de las observaciones".

"Nos parece positivo -agregaron- que en causas tan importantes como el saneamiento de la cuenca se involucren todos los poderes del Estado. Pero el rol de la Corte es controlar la legalidad, no la gestión. Para eso está el Congreso. Nos parece útil que haya audiencias y siempre nos presentaremos, pero a veces el rol de la Corte no queda del todo claro. Además, ponen mucho la lupa sobre el Ejecutivo pero no hacen casi nada contra las empresas que contaminan el Riachuelo. Hay 44 plantas denunciadas, y la Corte ya sabe que muchas están fuera de regla".

Silvana Boschi
sboschi@clarin.com

Clarín
Miércoles 4 de Julio de 2007

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