Si hay un tema transitado en la historia ambiental (¿y económica? ¿y política? ¿e industrial?) de la Argentina es el Riachuelo. LA NACION cuenta en su archivo con crónicas del 1800, que destacaban el hedor de los líquidos que bajaban por su cauce.

Lo angustiante es que el dilema tiene solución tecnológica, lo que revela la incapacidad de la dirigencia, que cristalizó al Riachuelo infecto como un paisaje. Para entender por qué fracasaron seis promocionados planes desde 1973, hay que observar el episodio que por estos días vincula a la Corte con la Secretaría de Medio Ambiente.

Tras una denuncia de los vecinos de La Boca, la Justicia, en un fallo que abochorna a toda la clase política que fue testigo del centésimo aniversario del primer plan para limpiar el Riachuelo, ordenó al Poder Ejecutivo que garantizara el derecho constitucional a un ambiente sano. Romina Picolotti presentó un proyecto. La Corte lo cuestionó y pidió a la Universidad de Buenos Aires una auditoría técnica. El resultado fue lapidario: ni siquiera parece un plan, sostuvieron 18 técnicos de nueve facultades de la principal universidad del país. Y aseguraron que algunas medidas pueden ser más nocivas que dejar todo como está.

De manera complementaria, la Autoridad de Cuenca (el mando unificado sobre una veintena de jurisdicciones que todos, políticos y técnicos calificaron de imprescindible) durmió hasta hace pocas horas en los recovecos de las internas políticas.

Recuperar el Riachuelo es un imperativo ético (la industria no puede seguir tomando un río como caño de desagüe); social (los más pobres son empujados a los sitios urbanos más degradados); sanitario (la salud es más vulnerable cuanta más contaminación se consume), y hasta económico (la ciudad recuperaría un espacio inmobiliario de alto valor). Pero eso requiere decisión política y también un máximo de aptitud y honestidad técnicas.

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Una tarea que no pudo encararse en un siglo reclama a todos los actores posibles. Si la UBA expone planteos técnicos no parece recomendable un enfrentamiento, sino una invitación a que se integren sus profesionales y sus propuestas. Lo mismo con las ONG y con todo el que tenga algo para aportar. Y el Estado debe cumplir con la ejecución de los planes y, principalmente, con la imposición de reglas que impidan que se siga contaminando (entre ellas, construir cloacas para el 55 por ciento de los cinco millones de habitantes de la cuenca que no las tiene).

Porque ningún industrial contamina porque es malo, sino porque le conviene. Y porque, por acción u omisión, se lo permiten.

El autor es periodista ambiental; escribió El medio ambiente no le importa a nadie , de Editorial Planeta.

Por Sergio Federovisky
Para LA NACION

La Nación
Jueves 5 de Julio de 2007

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