La audiencia que se inició ayer en la Corte Suprema de Justicia desnudó todas las flaquezas del Gobierno en materia ambiental. Por eso, el alto tribunal, por medio de su presidente, Ricardo Lorenzetti, al finalizar el acto, invitó a todas las partes -y especialmente al Gobierno- a presentar elementos que demuestren que realmente tiene un plan de saneamiento.

La audiencia convocada por la Corte, además de dejar en evidencia la imprevisión estatal, sirvió para algo más: para que el presidente Néstor Kirchner, anteanoche, firmase un decreto por el cual la audiencia designara a los representantes nacionales ante la Autoridad de Cuenca, una comisión que nunca se reunió.

Ayer, la tercera audiencia por el saneamiento del Riachuelo amenazaba ser tormentosa. Picolotti nunca había reunido al citado organismo, que deben integrar representantes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, y al cual también deben ser invitadas las organizaciones no gubernamentales.

Por eso, la ciudad había planteado la nulidad de un decreto reglamentario y acusado a Picolotti de concentrar indebidamente atribuciones, además de no darle participación.

La firma del decreto y la convocatoria a una reunión para el 17 del actual hicieron que Agustín Zbar, procurador general de la ciudad, desistiese ayer de hablar y descolocase a la funcionaria. Pero el planteo judicial continúa en pie.

Luego de la exposición de Picolotti, que intentó convencer de que se están realizando obras -sobre las que no dio demasiadas precisiones-, hablaron los representantes de tres empresas, que dijeron que se oponen a ser relocalizadas, y el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino.

Este funcionario solicitó que la Corte ordenara, de forma cautelar, algunas medidas bastante elementales: que se realicen estudios epidemiológicos para saber cómo está la salud de los habitantes, que se levanten los 150 basureros dispersos en la cuenca y que se establezca un mecanismo para asegurarse de que el 97 por ciento de las industrias de la cuenta construyan plantas de tratamiento de efluentes líquidos.


Reclamo de pruebas

Ayer, los jueces Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay se limitaron a escuchar las exposiciones de quienes hablaron. Pero el tribunal reclamó que hoy todas las partes concurrieran con pruebas, elementos estadísticos y cuanto papel y proyecto tengan para poder determinar cuán seriamente están trabajando.

Por ahora, en el tribunal quedó la sensación de que en la actuación del Gobierno se mezcla algo de apuro de última hora, de incertidumbre, de imprecisiones, de excesiva concentración de funciones en Picolotti, con la falta de consulta a organismos extranjeros altamente especializados en saneamiento de cuencas hídricas y otros problemas que hacen difícil creer en el plan de saneamiento.

Hace meses que el Gobierno prometió diseñar un plan para sanear la cuenca en diez años. Ahora, cuando faltan pocos meses para las elecciones y recambios de funcionarios, es mucho lo que todavía está sin definirse.

Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Jueves 5 de Julio de 2007

Visite también nuestros contenidos
de IMPACTO AMBIENTAL