Tras el trágico accidente múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires que involucró 25 vehículos y dejó un saldo de cuatro muertos, el juez federal de Rosario, Félix Angelini, dio curso favorable a una denuncia penal interpuesta por el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, para que se determinen las responsabilidades del hecho.

El juez rosarino ordenó que se investigue a la empresa concesionaria (Vial 3 SA), a las autoridades nacionales que tenían poder de policía en ese tramo de la ruta donde ocurrió el accidente y, al Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), señaló ayer en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La investigación se extenderá, además, "a las autoridades provinciales encargadas de la seguridad vial, a los conductores de los vehículos involucrados y a la empresa Cerámica Arroyo Seco, que tiene un horno de ladrillos cercano al lugar de la tragedia", agregó el informe.

El múltiple choque ocurrió alrededor de las 6.10, del 12 del actual, en el kilómetro 267 de la autopista que une las ciudades de Buenos Aires y Rosario, a unos mil metros de la estación de peaje de General Lago.

Uno de los factores que provocó la colisión fue la escasa visibilidad debido a un denso banco de niebla y, supuestamente, al humo de un horno de ladrillos al costado de la calzada.

De acuerdo con el comunicado de la Defensoría de la Nación "en el caso puntual de la concesionaria de la autopista y de los funcionarios provinciales y municipales, se ha decidido que sea la Justicia de la provincia de Santa Fe la que lleve adelante la instrucción para establecer las responsabilidades".

Más adelante, el informe de la Defensoría sostiene que "el fiscal Mario Gambacorta -cuyo dictamen fue aceptado por el juez Angelini- ya solicitó medidas de prueba en las que requirió a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación que informe si el órgano de control de las concesiones viales tiene a su cargo el correspondiente al Corredor Vial N 3".


Responsabilidades

El fiscal reclamó también al organismo oficial que precise "cuáles son esas funciones de control y que especifique aquellos casos en los que las inclemencias del tiempo u otras circunstancias afectan la visibilidad de modo tal que hacen insegura la circulación de una ruta".

En este sentido, el fiscal interrogará acerca de "cuáles son las medidas que debe o puede adoptar y quién es el funcionario al que le cabe tal responsabilidad, específicamente en el kilómetro 267 de la ruta 9 (autopista)", amplió el comunicado.

Para Mondino existió "una responsabilidad que excede el marco de la investigación policial y se vincula con la inacción de aquellas personas encargadas de velar por la seguridad vial de quienes transitan los caminos de nuestro país y que, de acuerdo con los resultados de esta lamentable tragedia, no se han llevado adelante acciones tendientes a evitarla".

El tema de la inseguridad en las rutas del país, al parecer, es uno de los que más ha abordado el ombusdman. La Defensoría ha realizado en los últimos de tres años estudios e investigaciones relacionados con las causas que provocan el creciente número de siniestros viales en el país.

En noviembre de 2006, el defensor del Pueblo inició una campaña, con apoyo de ONG, para obtener las 400.000 firmas que permitirían presentar ante el Congreso Nacional una iniciativa para que se sancione una ley que incluya un Plan Integral de Seguridad Vial en el país.

La Nación
Jueves 19 de Julio de 2007

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