A pocas semanas del escándalo que envolvió a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, el Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado una medida que no hace más que restar transparencia al necesario control y rendición de cuentas en la administración pública.

En efecto, a instancias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue sancionado el decreto 739/2007, que autoriza a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a constituir, con la figura de una fundación, el Instituto Nacional de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable (Inides).

Dicho organismo tendrá por misión "coordinar, promover y desarrollar la investigación científica en materias relativas al desarrollo sustentable y, en particular, al ordenamiento ambiental del territorio, la conservación de los ecosistemas, la prevención y control de la contaminación, el cambio climático, la producción limpia y el desarrollo energético sustentable, así como la promoción del desarrollo de mejores prácticas y mejores técnicas disponibles" . El objetivo es "brindar apoyo técnico y científico a entidades públicas o privadas y, en especial, a las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".

Este instituto estará integrado por la Secretaría de Ambiente, la cual asumirá la representación del Estado nacional y quedará facultada para nombrar a los miembros que formen parte del Inides, y aportará, además, la suma de 30.000 pesos en concepto de capital inicial; el Estado garantizará un aporte de 20 millones de pesos durante los primeros cuatro años.

Sin duda, la mayor parte de los objetivos y las tareas que se propone impulsar este instituto resultan de fundamental importancia para la consolidación del modelo de desarrollo sustentable que promueve el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, llama fuertemente la atención que el Gobierno deba recurrir a la creación de una fundación para desarrollar actividades que son propias del Estado e impulsar una suerte de privatización de la actividad pública, que la asemejan cada vez más a modelos utilizados en otra época, precisamente para burlar los controles de los órganos específicamente creados a ese efecto.

La iniciativa propuesta resulta igualmente cuestionable, habida cuenta de que en el Estado existen organismos suficientemente capacitados para llevar a cabo las tareas que se le encomiendan a la nueva fundación. Entre ellos, cabe mencionar al Conicet o a las universidades nacionales.

Una medida como la que propone el citado decreto requiere un marco de actuación que garantice la máxima transparencia, fundamentalmente en el contexto en el cual ésta ha sido dada a conocer.

En este sentido, debemos recordar que la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra actualmente en investigación penal por la supuesta malversación de fondos públicos, precisamente por haber recurrido a un importante número de personas que prestan servicios en el organismo a su cargo, mediante la utilización de la Fundación ArgenINTA, organización similar a la que se pretende crear por medio del decreto comentado y que también recibe aportes estatales.

Cabe preguntarse, entonces, qué sucedería con el Estado si cada uno de los ministerios u organismos de la administración pública decidiera recurrir a la creación de figuras como la señalada para llevar a cabo las funciones que le son propias, utilizando para ello fondos públicos.

Sería deseable que los recursos estatales, en lugar de ser destinados a crear nuevos organismos, fueran utilizados para mejorar la capacidad de gestión de los organismos públicos ya existentes y las condiciones laborales e ingresos de quienes conforman su planta de agentes. La creación de una fundación de estas características, lejos de fortalecer la actividad del Estado, constituye un mecanismo violatorio del marco jurídico de control y rendición de cuentas que caracterizan a una república.

La Nación
Lunes 6 de Agosto de 2007

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