El fiscal federal Guillermo Marijuan decidió ayer iniciar una investigación penal contra la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti por malversación de fondos públicos. La causa, que quedó en manos de la jueza María Servini de Cubría, recoge las cuatro denuncias que habían sido realizadas en distintos juzgados tras la publicación de una investigación de Clarín en la que se daba cuenta de los extraños manejos administrativos de la funcionaria cordobesa.

Antecedentes El 8 de julio, el Equipo de Investigación de Clarín publicó la primera entrega de una producción periodística en la que se dio cuenta de los extraños manejos administrativos y contables de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti. Entre las curiosidades de su gestión, divulgadas con detalles, fechas y profusa documentación respaldatoria, se contaba la contratación de al menos 350 empleados -cifra admitida por la propia funcionaria en una entrevista telefónica grabada el 28 de junio-, entre ellos decenas de parientes y amigos personales de Picolotti y de su hermano, quien a su vez trabaja como su jefe de Gabinete. También se informaba sobre el alquiler de jets privados de dos empresas para viajar a Córdoba, y el gasto de cientos de miles de pesos en equipamiento cuya necesidad no había sido probada adecuadamente. Todos estos gastos se pagaban a través de la fundación pública ArgenINTA, a la cual se derivaban recursos del presupuesto ordinario que luego eran gastados en forma discrecional, evadiendo auditorías y controles de gestión habituales en la administración pública. Una causa con dos protagonistas Abogada y militante, bajo la lupa Antes de llegar a su cargo, hace un año, Picolotti dirigía en Córdoba la ONG Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Kirchner la convocó tras saber de su asesoramiento a los asambleístas de Gualeguaychú. Un fiscal inquieto El fiscal Guillermo Marijuan, quien ayer aceptó iniciar la investigación penal de los extraños manejos de Picolotti, fue el autor del dictamen que disparó la renuncia de la ex ministra Felisa Miceli. Las sospechas La Justicia deberá determinar si Picolotti y sus colaboradores malversaron los fondos públicos que les fueron confiados, es decir si los usaron del modo y con los fines detallados en el presupuesto. Los denunciantes Los cargos contra Picolotti tomados por Marijuan fueron hechos por tres diputados del ARI, el dirigente político Ricardo Mussa y los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini.

En sus primeros pasos, Marijuan intentará averiguar cuántos empleados contrató Picolotti y con qué remuneraciones, cuántas veces alquiló aviones a dos empresas privadas para trasladarse al interior del país, cuál era el papel que la fundación pública ArgenINTA tenía en la financiación de los gastos de la secretaría y en las erogaciones del Programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y qué rol tenía la Auditoría General de la Nación en el control de estos movimientos financieros. En los pasillos del edificio de Comodoro Py, donde funcionan los tribunales federales, tampoco descartaban que el fiscal impulse en los próximos días varios allanamientos.

La noticia de que Marijuan había firmado el "requerimiento de instrucción" -una expresión técnica que implica una imputación y significa que el fiscal acepta las denuncias penales recibidas porque las considera consistentes- se conoció ayer al mediodía en el programa La Mañana de Continental. Un rato antes, en esa misma audición, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había vuelto a respaldar a la secretaria de Ambiente.

Con su escrito, fechado el martes pasado, Marijuan inicia formalmente la causa 10.432/2007, en la que se investigará si Picolotti y eventualmente otras personas son responsables de los delitos de estafa y defraudación al erario público.

La investigación de Clarín sobre los extraños manejos contables y administrativos de Picolotti fue publicada el domingo 8 de julio (ver "Antecedentes"), y motivó la presentación de cuatro denuncias penales contra la funcionaria. Tras varias alternativas en distintos juzgados que se disputaban la investigación, y luego de la feria judicial, las denuncias recayeron finalmente en el juzgado de Servini, quien en estos días se encuentra de licencia.

Las cuatro denuncias fueron realizadas por el dirigente Ricardo Mussa, los diputados nacionales por el ARI Adrián Pérez, Susana García y Elsa Quiroz y los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini. En líneas generales coinciden en reclamar a la Justicia que investigue la supuesta contratación de "amigos y parientes en forma indiscriminada", la posible "derivación de fondos públicos para pagar gastos personales", y el aparente "mal manejo de los generosos fondos" de Ambiente, cuyo presupuesto fue quintuplicado este año.

Guillermo Marijuan es el mis mo fiscal cuyo dictamen contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli terminó disparando la renuncia de la funcionaria. En ese caso, la jueza Servini recién la citó a declarar cuando ya había abandonado la función pública.

Mientras la Justicia decidía comenzar a investigarla, Romina Picolotti se presentó ayer en el Senado para inaugurar la primera jornada de debate sobre los proyectos de ley de protección de los bosques nativos, una de las deudas pendientes de su gestión. En marzo pasado, Diputados aprobó uno de los proyectos de ley que existían sobre el tema -redactado por el kirchnerista Miguel Bonasso- cuya marcha se detuvo en la Cámara de Senadores. La presencia de Picolotti en las jornadas fue sorpresiva, pues también se la esperaba en Mar del Plata para firmar con el intendente radical K, Daniel Katz, un convenio de asistencia financiera por siete millones de pesos para las obras de clausura de un basural a cielo abierto que funciona sobre el viejo camino a Pinamar.

Claudio Savoia
csavoia@clarin.com

Clarín
Viernes 10 de Agosto de 2007

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