La disputa con Uruguay por la pastera finlandesa Botnia tuvo ayer un nuevo capítulo: el gobierno uruguayo anunció que presentará una denuncia ante organismos internacionales como consecuencia de que se habrían recibido amenazas de atentado contra la planta de celulosa instalada a la vera del río Uruguay, en la localidad de Fray Bentos, por parte de las organizaciones ambientalistas de Entre Ríos.

El canciller Reinaldo Gargano fue el encargado de dar a conocer la decisión de la administración del Frente Amplio en una conferencia de prensa que brindó al término de una reunión entre los ministros y el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

Además, allí, Gargano lamentó la inacción de la Casa Rosada ante lo que calificó como "actos terroristas" por parte de los asambleístas entrerrianos y dijo que en la zona de la planta ya se han dispuesto medidas de seguridad de manera preventiva.

"Según los asambleístas, Botnia deja de ser una empresa para convertirse en una zona de impacto con amenazas de hacer volar la planta y que se podría hacer de determinada manera", destacó el ministro Relaciones Exteriores.

"Esos comentarios son de carácter delictivo. Se señaló la posibilidad de realizar actos de naturaleza terrorista y así los evalúa el gobierno uruguayo", agregó el canciller.

En opinión del ministro uruguayo "volar una fábrica o comentar la posibilidad de la voladura de una fábrica es un acto de naturaleza terrorista".

Gargano dijo que ayer analizó el tema con el presidente Vázquez. "El gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, va a transmitir esto (las amenazas de atentado) a los órganos judiciales correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional, para que se adopten las medidas que puedan corresponder", afirmó.

En el Consejo de Ministros "no se estudió" la posibilidad de reforzar la seguridad en torno a la planta de celulosa de Botnia, destacó. "Ese es un tema que compete a los ministerios del Interior y de Defensa. Ya hay medidas de seguridad en marcha decididas con antelación", sostuvo Gargano.

"Sí se analizó la gravedad de los dichos y, además, que no hubo ninguna reacción oficial del gobierno argentino frente a esas afirmaciones", destacó el funcionario.

El canciller uruguayo recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde los gobiernos de Argentina y Uruguay intercambiaron denuncias, "hizo un llamado a que las partes no actuaran de alguna manera que supusiera agravar la situación". "Vaya si esto es una amenaza de agravar las cosas", agregó el canciller uruguayo.

El gobierno de Kirchner denunció a Uruguay ante la CIJ por un presunto desconocimiento del tratado del río Uruguay, límite natural entre ambos países, por autorizar la construcción de la planta de celulosa de Botnia.

Las autoridades argentinas y grupos de vecinos de Entre Ríos afirman que la planta causará daños al medio ambiente de la zona, lo que es rechazado por las autoridades uruguayas y de la empresa.

El Gobierno uruguayo denunció por su parte en la CIJ los cortes de los puentes entre ambos países que realizan los vecinos de Entre Ríos y que le causaron daños económicos a Uruguay, en turismo y comercio, de unos 400 millones de dólares, según cálculos oficiales.

Delegaciones de ambos países se han reunido en Madrid y Nueva York como parte de la tarea de "facilitación" del diálogo que lleva a cabo España, pero no se han producido avances significativos.

El próximo 12 de septiembre delegaciones de ambos países volverán a verse las caras en la Corte Internacional de Justicia.

La planta de pasta celulosa Botnia, que con 1200 millones de dólares es la mayor inversión individual en la historia del país, está prácticamente finalizada.

La Nación
Martes 14 de Agosto de 2007

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