Por primera vez, los criterios para atacar los puntos críticos que atentan contra la seguridad vial en todo el país, estarán unificados. Anoche, el Estado Nacional y los gobernadores de la mayoría de las provincias firmaron un Convenio Federal que prevé cambiar las reglas de juego: se creará un único Registro Nacional de emisión de licencias, por el que los conductores de todo el país compartirán las mismas exigencias para sacar el registro. Además, se adoptará un sistema unificado de puntaje. Así, cuando esté vigente, el conductor perderá puntos por cada infracción que cometa y, si reincide, hasta podría perder temporalmente el registro.

Antecedentes El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito se creó hace más de 10 años pero está funcionando no hace más de dos. Hay sólo tres provincias que actualmente piden los antecedentes de tránsito antes de la renovación del registro: Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero. A partir de un acuerdo firmado recientemente, en pocos días también funcionará en la Ciudad. En cuanto al sistema de puntos, funciona en España desde hace un año y con éxito. Sus autoridades dicen que bajaron los accidentes, pero también originó un mercado negro de compra-venta de puntos por Internet: los conductores reincidentes llegaban a pagar hasta 1.500 euros por punto que les vendía alguien que no usaba su registro de conducir. "Viveza española", le dicen. Tragedias viales en la Argentina Los accidentes de tránsito son la cuarta causa de mortalidad entre los argentinos. Las cifras oficiales estiman que son 6.000 muertes anuales, lo que significa un 2,5 por ciento de la totalidad de muertos.

El Acuerdo, que debería implementarse en 90 días, es la respuesta a un petitorio firmado por 260.000 personas y presentado por los padres de los chicos de la escuela Ecos que murieron cuando un camionero alcoholizado chocó el micro en el que viajaban. Anoche fue firmado por el ministro de Interior Aníbal Fernández, el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, representantes de Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y los gobernadores del resto de las provincias. Para que se ponga en marcha ahora deberá ser aprobado por el Congreso Nacional y, luego, por las legislaturas provinciales.

El convenio tiene 5 puntos neurálgicos. El primero es la creación del Registro «único de Emisión de Licencias de Conductor que funcionará en el ámbito del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat). Allí, se unificarán las exigencias para obtener el registro y las provincias deberán entregar las actas labradas por accidentes de tránsito que se cargarán en una base de datos. En la práctica, la medida busca que las personas que están inhabilitadas judicialmente para manejar o las que hayan cometido infracciones graves no cambien su domicilio y saquen el registro en otra jurisdicción.

También prevé la adopción de un sistema de puntaje por el que se asignará una cantidad de puntos a cada conductor cuando se emite o renueva el registro. Por cada falta grave o por la reiteración de infracciones leves, perderá puntos. Si los agota íntegramente, perderá la licencia y no podrá renovarla por 1 año.

Además, las provincias involucradas acordaron intensificar los controles de alcoholemia y dictar las medidas necesarias para arrestar a quienes conduzcan en estado de ebriedad, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (24.449). También se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en lugares que tengan acceso desde rutas o autopistas. Estos controles estarán en manos de las Policías provinciales o de Gendarmería Nacional en las rutas nacionales. Por eso se le extenderá la competencia a Gendarmería para labrar infracciones.

El convenio incluye la intensificación de los controles de velocidad máxima y del cumplimiento de los descansos obligatorios de los choferes de micros. Según dicen, se habilitarán como centros de control algunas estaciones de peaje, intersecciones de rutas, acceso a puentes y túneles.

Pero la medida generó dudas en los expertos: "Este proceso debe estar acompañado por una clara decisión política para que el cruce de información no dependa del funcionario de turno o para que cuando se realicen los controles de alcoholemia y velocidad, el Estado compre los alcoholímetros y los radares", opinó Marcelo Aiello, gerente del Centro de Experimentación y Seguridad Vial. "Este Convenio determina parte del qué hacer, algo ya bastante conocido y solicitado desde hace más de 20 años a la Nación. El problema sigue siendo el cómo y cuándo se va a hacer. Y aunque parece un buen punto de partida, ahora habrá que luchar para que no quede en un papel", coincidió Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial.

Gisele Sousa Dias
gsousa@clarin.com

Clarín
Jueves 16 de Agosto de 2007

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