En un paso previo a pronunciarse sobre la viabilidad del plan de Saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema reclamó nuevos informes a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y a los gobiernos provincial y porteño sobre diversos as pectos del plan. La medida deja al descubierto los numerosos puntos débiles que los jueces de la Corte advirtieron en este programa, elaborado entre el Gobierno nacional, el bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

Informe crítico de los peritos Todos los capítulos del plan de saneamiento del Riachuelo fueron cuestionados en la pericia realizada por expertos de la UBA, convocados por la Corte Suprema. Según este informe, conocido en julio, el plan que presentó la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, no cumple con las pautas mínimas, emplea en algunos aspectos información imprecisa, y no aporta datos para sustentar algunos puntos del plan. "Se puede observar que existe mucho trabajo de base realizado" pero "falta una sistematización dentro del formato del planeamiento que permita comunicar y valorar un diagnóstico y las propuestas", señaló el informe. El plan oficial Consensuado con Provincia y Ciudad, para cumplir con los tiempos de la Corte, el proyecto presentado habla de objetivos a corto y largo plazo, de un tiempo total de 15 años para la limpieza total de la Cuenca Matanza-Riachuelo y de una inversión de 5.672 millones de pesos para los primeros cinco años, tras los cuales, se aseguró, comenzarán a verse la mejoras. Las tres audiencias de la Corte Suprema 1- La primera fue el 5 de setiembre del año pasado, y sirvió para que Picolotti (foto) expusiera el plan oficial. Una semana después hablaron las empresas denunciadas por contaminar, ONG y otros. 2- Fue el 20 de febrero, y la Corte no quedó convencida de los avances que explicó la secretaria. Luego pidió un estudio de factibilidad a la UBA. 3- La tercera se realizó el 5 de julio y Picolotti se esforzó para convencer a la Corte de la factibilidad y solidez del plan, ya que el tribunal conocía las críticas de los peritos de la UBA.

También resolvió dar por iniciada la demanda por contaminación, y fijó para el 31 de octubre la audiencia donde todos los acusados podrán defenderse.

Este plan de saneamiento había sido seriamente objetado por un grupo de peritos de la UBA, designados por la Corte. Los expertos consideraron, entre otros aspectos, que la iniciativa no cumple con pautas mínimas y propone acciones sin fundamento.

Esta causa -"Mendoza Beatriz c/Estado Nacional"- fue iniciada por vecinos de la zona del Riachuelo contra los tres estados y 44 empresas señaladas como responsables. En la primera audiencia convocada por la Corte, Picolotti había estimado en 15 años el plazo para el saneamiento. En esa oportunidad, el Tribunal dijo que la funcionaria no había convencido con sus explicaciones.

La resolución de la Corte, anticipada por Clarín, reclama entre otros puntos que la Autoridad de Cuenca, el Estado nacional, el provincial y el porteño informen en un plazo de 30 días sobre los siguientes aspectos:

Datos actualizados y científicamente comprobables sobre el estado del agua y del aire.

Un listado actualizado de las industrias de la zona que realicen actividades contaminantes.

La factibilidad de que la Autoridad de Cuenca cuente con un presupuesto propio, que asegure la continuidad de la ejecución del Plan de Saneamiento.

Las fuentes de financiamiento con que cuenta el Plan, especialmente el remanente de créditos concedidos por organismos internacionales y si se proyecta la contratación de nuevos créditos.

Deberán informar, de modo detallado y fundado, sobre el proyecto diseñado para el polo petroquímico de Dock Sud, las empresas involucradas, población afectada, convenios firmados.

También deberán informar sobre la utilización de los créditos verdes (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional) y precisar la fecha en que estarán disponibles para las empresas, criterios objetivos de adjudicación.

El estado de avance de la primera etapa de limpieza de las márgenes del río en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Avellaneda y Echeverría.

Los costos definitivos del programa de saneamiento.

A partir de una investigación publicada por Clarín, y a requerimiento del fiscal Guillermo Marijuán, la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a investigar esta semana a Picolotti, por presuntas irregularidades en el organismo a su cargo. Se tratará de determinar si desde ese organismo oficial se malversaron fondos públicos, entre otros, algunos que habían sido destinados originariamente al plan de saneamiento del Riachuelo.

Silvana Boschi
sboschi@clarin.com

Clarín
Jueves 23 de Agosto de 2007

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