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El Gobierno asume que Botnia empezará a producir pronto
Diseñó un plan de monitoreo ambiental
Por primera vez, el gobierno de Néstor Kirchner da por sentado con hechos concretos que la pastera finlandesa Botnia no podrá ser relocalizada en el corto plazo y comenzará a funcionar en pocas semanas, pese a la persistencia formal del reclamo para que la empresa levante sus instalaciones de las orillas del río Uruguay.
La prueba: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Romina Picolotti, diseñó por orden del Presidente un plan de "vigilancia ambiental" para controlar a Botnia ante su "inminente" funcionamiento. Así consta en una carta que días atrás la funcionaria les envió a los ciudadanos que llevan adelante la protesta en Entre Ríos.
El planteo despertó reticencias entre los asambleístas, que se niegan a aceptar un plan de monitoreo de la planta que implique una aceptación de hecho de que la planta funcionará en la zona.
El proyecto oficial coincide con la vocación de ambos países de retomar el diálogo político al máximo nivel, con una reunión prevista durante la asamblea anual de las Naciones Unidas, a fin de mes, en Nueva York. La cita estaría encabezada por el embajador español José Antonio Yáñez Barnuevo.
Antes de ser presentado públicamente, Picolotti analizará el plan ambiental con los asambleístas de Gualeguaychú, a quienes citó el lunes en Buenos Aires.
"Me dirijo a ustedes para convocar al grupo interdisciplinario de la asamblea el lunes 10 a fin de informar y evaluar el plan de vigilancia ambiental diseñado por la secretaría ante la inminente puesta en marcha de Botnia", dice la misiva, a la que accedió LA NACION.
La convocatoria, prosigue el texto, se hace "sin perjuicio del reclamo de vulneración de derechos que está realizando el Estado argentino como consecuencia de la violación del estatuto del río Uruguay por parte del Estado uruguayo".
La reacción en Gualeguaychú fue inmediata: "No estamos dispuestos a aceptar un monitoreo de la planta. El plan de contingencia de la provincia de Entre Ríos, que prevé chequeos de salud a la población durante un año, sí lo aceptamos porque trabaja con la hipótesis de que Botnia se va. Un monitoreo implica aceptar su funcionamiento", dijo a LA NACION el asambleísta José Pouler.
Argumentos cruzados
El rechazo a un monitoreo radica en que ésa es, por cierto, la propuesta que siempre hizo Uruguay para frenar el reclamo de relocalización.
En la Cancillería procuraron minimizar el impacto que la convocatoria y el plan pueden tener en la estrategia y los planteos de la Argentina.
"El gobierno argentino sigue sosteniendo que la localización es ilegítima. Si en el medio alguno de los actores intervinientes colabora para ver cómo se atienden las situaciones específicas, son cosas separadas", dijo un alto funcionario del Palacio San Martín.
Ayer, la administración de Tabaré Vázquez consideró que la marcha a Fray Bentos que encabezaron el domingo los asambleístas entrerrianos resultará positiva para su país en el litigio.
"Uruguay hizo una demostración de manejo solvente de la seguridad física de las personas y del derecho a decir lo que tienen que decir", dijo el canciller Reinaldo Gargano.
Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION
La Nación
Martes 4 de Septiembre de 2007