La petrolera Shell refutó ayer los argumentos que utilizó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para clausurar su refinería en Dock Sud, y advirtió que de no revertirse la medida podría repercutir en el abastecimiento de todo el mercado de combustibles.

El presidente de Shell, Juan José Aranguren, informó que la planta ya comenzó a ejecutar "el protocolo de parada", que puede tardar entre 5 y 7 días en paralizar totalmente la actividad. Hoy la empresa presentará un recurso administrativo ante la Acumar, que encabeza Romina Picolotti. "Shell está en el último lugar en la lista de empresas en cuanto a impacto en el Riachuelo", dijo en una conferencia de prensa. No descartó pedir un amparo judicial la semana próxima si las autoridades ambientales no modifican su posición.

Pero su mayor preocupación, según dijo, es respecto de los clientes. Si no se revierte la clausura, "se va a afectar el abastecimiento del mercado interno, no sólo de gasoil sino también de nafta", sostuvo. Shell tiene el 12,3% del mercado de gasoil y el 19% del de naftas. Su refinería procesa el 15% del crudo del país. Ya ayer bajó su producción de 15.000 a algo más de 10.000 metros cúbicos.

El problema es que todas las petroleras están produciendo al máximo de su capacidad. "También otras compañías, los competidores de Shell, van a tener una demanda adicional que no todos van a tener ganas de aceptar", dijo. Hoy en día las empresas ganan más exportando que vendiendo en el mercado interno.

Aranguren le dijo al subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, que el stock de combustible para las estaciones de servicio es de entre 3 y 4 días. En la planta de Dock Sud es de unas dos semanas, pero esa reserva está inutilizable mientras siga la clausura total preventiva. Ante una consulta de LA NACION sobre cuándo se podía sentir el faltante en la calle, el presidente de la petrolera respondió: "No seamos alarmistas. Prefiero creer que se va a solucionar antes".

La presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles, Rosario Sica, dijo que desde Shell ya le advirtieron que si la clausura queda firme, desde el domingo empezaría a haber problemas para el abastecimiento. "Va a ser un problema generalizado en todo el país", vaticinó Sica.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines expresó en un comunicado su "profunda preocupación ante el posible desabastecimiento de combustibles" por la clausura de la refinería. "Esta situación comprometería en forma directa a 640 empresas pymes que expenden combustibles procesados en dicha refinería", agregó.

En la Secretaría de Energía se negaron a hablar de posible desabastecimiento. "Todavía nadie sabe lo que puede pasar", dijo un funcionario a LA NACION.

Pese a que la compañía aseguró que no suspenderá personal, el secretario gremial de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Derivados, Alberto Roberti, anunció que hoy se realizará una asamblea sindical en la refinería (que tiene 450 trabajadores) para decidir la eventual toma del edificio para pedir la "preservación de las fuentes de trabajo". La entidad amenaza incluso con llevar esa medida de fuerza a todas las refinerías del país, lo que paralizaría "completamente la provisión de combustibles". Consultado respecto de a quién le asignaba la responsabilidad por la situación, Roberti estimó que Aranguren "debió haber bajado el nivel de discusión con el Gobierno".

Shell comenzó ayer a mandar cartas documento a 700 estaciones de servicio para advertirles de los problemas de abastecimiento. Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, rechazó esa postura. "La empresa va a tener que pagar daños y perjuicios si no nos entrega combustibles", dijo. Y agregó que en el país se produce el doble de lo que se consume en naftas, pero que las empresas prefieren exportarlo.

Aranguren explicó ayer que la refinería tiene las habilitaciones correspondientes de la Secretaría de Política Ambiental bonaerense. Dijo que no se requiere un permiso para tomar agua de superficie y que la mayoría del agua que toma la devuelve al Río de la Plata luego de un proceso de filtrado. Y que los derrames constatados no superan el 0,1% de la superficie de la planta. "No creo que el riesgo ambiental sea el motivo de la clausura", dijo, aunque evitó hablar de discriminación. También negó que la empresa se fuera a ir del país.

Por Oliver Galak
De la Redacción de LA NACION
Con la colaboración de Silvia Stang

La Nación
Viernes 7 de Septiembre de 2007

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