De acuerdo con el mapa provincial minero, existen en todo el territorio 24 emprendimientos de exploración y prospección de minerales no metalíferos. Así, productos tales como yeso, sal, piedra laja y bentonita continúan formando parte de los proyectos que actualmente siguen vigentes como motores de la economía regional. Y mientras la explotación minera metalífera a cielo abierto está suspendida, desde el Gobierno pretenden reforzar los controles con la creación de la Policía Ambiental Minera.

Este organismo, cuyo funcionamiento pleno será a partir de 2008, estará integrado por un equipo de 15 inspectores. Ellos deberán recorrer todas las zonas que incluyan esta actividad a fin de evitar daños en el ecosistema. La dependencia estatal que se encargará de vigilar la actividad minera local fue creada el miércoles pasado mediante la aprobación de la resolución N° 1.389 del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas. Así, al menos en formato de texto, las disposiciones ya rigen para el Gobierno, los municipios y las empresas.

Una primera etapa de aplicación se concretará la semana que viene, cuando la Subsecretaría de Medio Ambiente se reúna con los dirigentes de las distintas comunas a fin de coordinar las acciones. En concreto, la idea es que desde el mes que viene la Policía Ambiental Minera (PAM) comience a trabajar con los recursos humanos y materiales que ya existen. En tanto, para el año que viene la apuesta sería incorporar más personal e infraestructura.

Pero para avanzar en ese paso, según el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani, sería necesaria la aprobación de una partida de un millón y medio de pesos en el presupuesto provincial 2008. Más allá de esto, lo cierto es que por el momento, serán sólo siete inspectores (que desempeñan funciones relacionadas con la actividad minera en la Subsecretaría) quienes realizarán los recorridos hasta los sitios más alejados de Mendoza.

“La idea es realizar la cobertura por regiones: Este, Centro, Sur y Norte”, explicó Morgani. Si bien la autoridad de aplicación de la actual reglamentación es el Ministerio, el personal municipal, como así también los inspectores del Departamento General de Irrigación y los guardaparques de la Dirección de Recursos Naturales Renovables serán llamados a colaborar en la tarea de contralor en los emprendimientos mineros.

Este trabajo conjunto aparece citado en la normativa -que viene a dar respuesta a uno de los requerimientos de la Ley provincial N°7.722- junto a la creación de una Red de Vigilancia Ambiental. “Por ahora, nos alcanza con los recursos que tenemos; estamos haciendo el ploteado en los vehículos que serán utilizados y más adelante el desafío es contar con espacio físico donde instalar las bases operativas”, agregó Morgani.


Deuda pendiente

Para Eduardo Sosa, titular de Oikos, el cuidado del medio ambiente es una deuda pendiente que podría haberse saldado hace ya muchos años con la aplicación de leyes ya existentes. Explicó que un antecedente de esto es el decreto N° 1.939, aprobado durante del gobierno de Arturo Lafalla y que establecía la unificación de la autoridad de aplicación. “Pero esto nunca se llevó a la realidad”, aseguró.

Junto a la legislación que para Sosa quedó en ‘letra muerta’ también aparecen las leyes 6.913 -de 2001- y la 6.654 -vigente desde 1998-. La primera establece la existencia de la policía ambiental, mientras que la segunda incluye la creación de los Tribunales Mineros. “Si lo que ya existe se respetara, no sería necesario crear un nuevo organismo”, continuó Sosa y agregó que lo ideal sería “contar con un equipo especial de contralor, ya que los inspectores que trabajan en otras dependencias deberán descuidar sus obligaciones previas”.

Tal como aparece en forma textual en el documento que le dio creación, entre otras once funciones (ver aparte), el nuevo organismo deberá “ejercer un seguimiento de las distintas variables ambientales en las etapas de prospección, exploración y explotación en las plantas de tratamiento y en el cierre del emprendimiento minero”. En este sentido, su finalidad será solicitar las medidas técnicas necesarias para la protección de los ecosistemas.

Del mismo modo, la PAM tendrá la autoridad para aplicar multas, clausuras y otras medidas en el caso de detectar irregularidades en los proyectos vigentes. “Me parece una buena iniciativa, ya que el control de la actividad siempre es necesario; pero antes sería bueno que participen empresarios, uniones vecinales y técnicos”, opinó Juan Carlos Ortiz, de la AOMA, gremio que nuclea el sector de los trabajadores mineros.

Zulema Usach zusach@losandes.com.ar

Los Andes
Martes 16 de Octubre de 2007

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