LA PLATA.– Edificios agrietados y con riesgo de derrumbe; oficinas que se improvisan en vestíbulos, pasillos o garajes; hacinamiento; expedientes que desbordan estanterías, escritorios, corredores y hasta baños; falta de luz, agua y ventilación; ausencia de sistemas contra incendios...

Estos son sólo algunos de los problemas con los que se convive en los tribunales bonaerenses, donde el déficit de infraestructura se torna insostenible y, según todos los actores judiciales, afecta directamente la calidad del servicio de administración de justicia.

Un estudio de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios de la Suprema Corte bonaerense grafica la dimensión del colapso: el Poder Judicial de la provincia tiene 119 edificios propios, que representan 267.612 metros cuadrados cubiertos, y necesitaría, como mínimo, unos 245.000 m2 más. Además, el trabajo señala que el año próximo se requerirán otros 71.230 m2, con lo cual se debería duplicar, por lo menos, la superficie actual.

En rigor, la Justicia provincial también dispone de 246 inmuebles alquilados –un total de 97.947 m2– para juzgados y fiscalías. Se trata de casas de familia, fábricas abandonadas, droguerías en desuso, locales comerciales y hasta en hoteles, por los cuales se pagan 11 millones de pesos al año.

Pero el estudio de la Corte bonaerense no incluye estos edificios por considerar que son absolutamente inadecuados para la función que deben cumplir. Además, el Poder Judicial postula como política de infraestructura que los inmuebles en los que funcionan sus órganos jurisdiccionales deben ser propios.

Fuentes de la Suprema Corte reconocen el colapso, que afecta a unos 18.000 agentes judiciales repartidos en juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías de todos los departamentos judiciales y en el edificio donde funciona el máximo tribunal.

Entre las más altas autoridades que integran la Suprema Corte se reconoce que nunca existió en el cuerpo una planificación en el área de infraestructura y, ahora, se estudian alternativas para revertir las actuales condiciones.

Hace dos meses, la Corte advirtió a los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la urgente necesidad de crear 57 nuevos órganos –con 872 nuevos agentes– y recordó que, en la última década, la litigiosidad en la provincia se incrementó el 117 por ciento.

“El panorama edilicio de la justicia provincial es gravísimo e impacta directamente en la calidad del servicio de Justicia, porque, además de afectar la salubridad y la seguridad, es determinante en los retrasos en que incurren los juzgados”, resumió el presidente de la Corte provincial, Daniel Soria.

Según Soria, un plan de infraestructura que altere el actual estado de cosas demandaría, para empezar, unos 1000 millones de pesos, casi el mismo monto asignado al Poder Judicial por el gobierno de Felipe Solá para el funcionamiento de todo el presente año, que fue de 1110 millones de pesos.

Desde el Ministerio de Justicia provincial, conducido por Eduardo Di Rocco, se afirma que “se han hecho todos los esfuerzos para ir mejorando el presupuesto judicial en la medida de las posibilidades”. El presente año, señalaron, la previsión creció el 12,5 por ciento respecto de 2006.

Todas las obras encaradas para la Justicia no salen, empero, del presupuesto judicial, que en su 95% va dirigido a pagar sueldos, sino que se tramitan por medio de un fondo asignado al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. En diálogo con LA NACION, el presidente de la Corte dijo que “se trata de procesos engorrosos y sumamente burocráticos, que demandan un promedio de tres o cuatro años para ser aprobados y licitados”.

“La Corte debe tomar medidas de fondo y dejarse de poner parches”, reclamó el dirigente del gremio, que representa a los empleados de la Justicia en el distrito, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Daniel Giarone, para quien la responsabilidad les cabe por igual a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


Robos, inundaciones y ratas

La caótica situación edilicia ya provocó una serie de denuncias del sindicato que derivó en la intervención del Departamento de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo provincial, desde donde se constataron numerosas irregularidades y se recomendó, bajo advertencia de sanciones, una urgente adecuación de varios edificios inspeccionados en San Isidro, Mar del Plata, Quilmes, La Plata y San Martín.

“Si pasado un plazo prudencial no se cumplen nuestras sugerencias, estamos en condiciones de clausurar las dependencias con mayores falencias”, explicó a LA NACION el ministro de Trabajo provincial, Roberto Mouillerón.

El miércoles último, la fiscalía general de La Plata presentó un escrito ante la Procuración General de la Corte en el que expresó su preocupación por el estado del ex edificio de la Dirección de Vialidad provincial, en el que desde 1998 funcionan las diez fiscalías penales platenses y las salas de casación. Es una construcción centenaria que no está preparada para la función ni, mucho menos, para semejante desborde. Allí muchos fiscales y funcionarios temen por el robo de expedientes apilados en los pasillos por falta de espacio.

Las fiscalías de delitos complejos que investigan los casos más complicados de corrupción contra el Estado, están en el subsuelo que, en lo que va del año, se inundó varias veces con líquidos cloacales que provocaron la destrucción de importante evidencia incautada.

“Hay muchos problemas de falta de lugar y a eso se suma que no hay seguridad en un sitio donde todo el tiempo son llevados presos peligrosos en pleno centro de una ciudad”, comentó el fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI N° 6 de esta ciudad.

En la Procuración reconocen las falencias edilicias y la falta de espacio, pero dicen que se hacen todos los esfuerzos por paliarlas. Hace unos meses se realizó una desratización porque había notorios signos de roedores que estaban destruyendo los expedientes.

Para el titular del Colegio de Magistrados bonaerense, Carlos Lami, “el origen de este desastre se potenció con la creación de numerosos organismos y reformas que no se ponen acabadamente en funcionamiento por falta de fondos. Hay una irresponsabilidad de los legisladores y del Poder Ejecutivo, que crean la dependencia, pero no se ocupan de asegurar las partidas presupuestarias”.

Por: Pablo Morosi
De la Corresponsalía La Plata

La Nación
Lunes 5 de Noviembre de 2007

Visite nuestros contenidos de
SEGURIDAD Y MEDICINA