El Gobierno lleva gastado casi medio millón de dólares en los honorarios de los abogados europeos que sostienen la posición argentina en el juicio por las papeleras en la Corte de La Haya. Lo reveló ayer la Cancillería, luego de haber clasificado esos montos como secreto de Estado ante un pedido formal de Clarín. El carácter reservado de la información se levantó a partir de una orden de la presidenta electa, Cristina Fernández, al canciller Jorge Taiana.

La Cancillería señaló que los cuatro abogados cobraron el equivalente a 1,440 millones de pesos deducidos de lo que cada uno percibió por hora de trabajo: Marcelo Kohen, un rosarino radicado en Suiza, 300 pesos; el francés Alain Pellet, 450 euros; el inglés Philippe Sands, 500 dólares, y la suiza Laurence Boisson de Chazournes, 300 dólares. Kohen y Pellet estuvieron en las cuatro audiencias celebradas en el último año ante la Corte internacional de Justicia; Sands y Boisson, sólo en dos. En esta controversia, Argentina demandó a Uruguay porque considera que la construcción de las pasteras viola un tratado que ambos países tienen para preservar juntos el río fronterizo.

La agencia oficial de noticias Télam consignó ayer en un despacho que la Cancillería se había negado a responder a la consulta de Clarín debido a un "exceso de celo" en el cumplimiento de una exigencia de reserva que La Haya solicita a las partes para ciertos aspectos de sus litigios. Por la mañana, Cristina Kirchner llamó a Taiana para hacérselo notar y el canciller dictó una resolución -la número 2.363/07- que exceptúa el dato del carácter reservado del resto del trámite. Para rechazar el pedido, la Cancillería también había argumentado que divulgar estas cantidades afectaba su estrategia judicial.

La directiva de Cristina Kirchner al canciller, rápidamente divulgada por el Gobierno al mediodía, es un gesto político que apunta a mostrar señales de transparencia de cara a su futura gestión. Hasta el 10 de diciembre próximo, el cargo de Cristina es el de senadora nacional, sin potestades para dar órdenes a ningún ministro.

Hace seis meses, este cronista le había solicitado informalmente a la Cancillería que le informara cuánto les pagaba a los cuatro abogados. Ante la negativa, presentó un pedido de acceso a la información, mecanismo previsto en un decreto -el 1.172- dictado en 2003. Como la Cancillería tampoco contestó nada por esta vía, presentó una acción de amparo con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El domingo, Clarín había publicado que un juez en lo Contencioso Administrativo federal, Esteban Furnari, se había negado a pronunciarse sobre la cuestión por "razones de procedimiento".

Por: Pablo Abiad

Clarín
Martes 6 de Noviembre de 2007

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