Alberto Fernández confirmó ayer que si Botnia comienza a funcionar la semana próxima, como ya se anunció desde Montevideo, el Gobierno argentino hará pruebas inmediatas para constatar si contamina o no el río Uruguay y el medio ambiente en la zona de Gualeguaychú.

Fue muy claro el jefe de Gabinete, en lo que se interpretó como una respuesta al presidente uruguayo Tabaré Vazquez, respecto al nudo del conflicto con Uruguay: "El problema no son los cortes de ruta, el problema es Botnia", dijo. Vazquez siempre ha mantenido la tesis según la cual no se puede negociar nada con la Argentina mientras que los asambleístas mantengan los bloqueos en la ruta que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

"La semana entrante vamos a verificar cómo se altera el medioambiente en la región; lo veremos en concreto", dijo Fernández, dando por hecho que la pastera será contaminante.

La inevitabilidad del inicio de la producción de Botnia es, en efecto, el escenario sobre el que trabaja el Gobierno. Incluso la Presidenta electa, Cristina Kirchner, piensa actuar sobre los posibles efectos contaminantes. El domingo, en diálogo con un periodista de este diario, dijo lo siguiente: "Botnia va a empezar a funcionar, antes o después. Y habrá que comprobar si contamina o no. Si no contamina, las protestas no tendrán más razón. Si contamina se deberán hacer los reclamos necesarios. Pero, mientras tanto, debemos preservar la relación en otros terrenos. No debemos hipotecarla".

Similar pensamiento se le escuchó a Néstor Kirchner en su último viaje a EE.UU., en lo que fue interpretado -más allá de que el Gobierno intentó minimizarlo- como una renuncia a la pelea por la relocalización de la planta. Justamente para alejar este fantasma es que Fernández recalcó ayer que el problema es Botnia y que Uruguay no está dispuesto a hablar de cambiarla de lugar. "Si Uruguay hubiera parado cuando Botnia era un pozo de tierra, si hubiera suspendido por 90 días la instalación de la empresa en ese momento, hubiéramos podido dialogar y encontrar una salida. Pero no ocurrió", aseguró el jefe de Gabinete a Radio América.

Argentina sigue aferrada a la estrategia judicial que se dirime en la Corte de La Haya, donde se discute si Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay (que habla de administración conjunta de las aguas) al autorizar unilateralmente la instalación de Botnia.

"Lo que hay que dejar en claro es que el reclamo central en La Haya no es el elemento contaminante sino la flagrante infracción al Tratado que dispone que cuando alguna de las dos naciones adopta decisiones que pueden afectar el río, la otra nación tiene derecho a conocer y participar de la decisión y esto no ha pasado", aclaró Fernández.

Acaso por eso se nota cierta reticencia argentina a firmar un documento conjunto en la Cumbre Iberoamericana -que se realiza en Chile- para reformular el Tratado del Río Uruguay. Sería, si se quiere, una forma de reconocer que el actual acuerdo sobre el que se basa la jugada judicial es al menos insuficiente.

Clarín
Viernes 9 de Noviembre de 2007

Visite nuestros contenidos de
IMPACTO AMBIENTAL