La Casa Rosada analiza aplicar retenciones a las exportaciones del único sector que goza de un régimen de estabilidad fiscal especial para alentar las inversiones: la minería. La iniciativa, que busca elevar la recaudación para permitirle al futuro gobierno de Cristina Fernández de Kirchner obtener con más facilidad un superávit primario del 4% del producto bruto interno (PBI), está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini. El esquema y la fecha de aplicación aún están en estudio.

Ocurre que la mayoría de los proyectos en marcha está bajo el paraguas de la ley 24.196 de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal -prohíbe modificaciones en la carga tributaria- por tres décadas. "Los impuestos que rigen al momento de la presentación del estudio de factibilidad son los únicos que se le aplican al proyecto. Se aprueba con una carga fiscal, que se mantiene durante 30 años", indicó una fuente del sector, beneficiado por la fuerte alza del precio de los metales.

La norma permite, sin embargo, que se apliquen nuevos impuestos a la actividad, pero sólo para aquellos proyectos en estudio. "Perfectamente pueden imponer retenciones, pero sólo aplicables a las inversiones que empiecen a partir de ahora o que hayan sido desarrolladas antes de la aprobación de la ley 24.196", explicó la fuente.

De todos modos, la idea puso en alerta a las empresas del sector, que este año prevén extraer minerales por un valor de US$ 3435 millones y que emplean, en forma directa, a 42.000 personas, según los datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Algunas compañías, según pudo saber LA NACION, ya consultaron a sus abogados para analizar cómo las afectaría la medida. Uno de los temores es que sean incluidos los proyectos que ya se encuentran en plena producción, es decir, que están cubiertos por la ley de inversiones mineras.

El presidente de CAEM, Manuel Benítez, buscó transmitir calma. "Estamos tranquilos porque tenemos una cobertura legal que, dado el altísimo riesgo que tienen la inversión minera y la juventud del sector -el Estado nacional y los provinciales son conscientes de esto-, les han generado a todas las inversiones un marco de seguridad jurídica que beneficia este desarrollo económico", dijo en Catamarca, según citó el diario El Ancasti .

En el Gobierno quieren evitar inconvenientes legales por la iniciativa, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales. De allí que el anuncio, que en caso de concretarse se sumará a los aumentos en las retenciones a los cereales y al petróleo, se demore. No hubo respuesta ayer de la Secretaría de Minería sobre el tema.

Sí hubo otra señal en favor de la iniciativa, que implicaría otro aumento de la presión tributaria. La dio la diputada Mercedes Marcó del Pont, de estrecha relación con la presidenta electa. "Estoy a favor de instituir retenciones móviles no sólo a los alimentos y la energía, sino a los metales y las commodities industriales", dijo, en un seminario organizado por CAME.

La Nación
Miércoles 28 de Noviembre de 2007

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