En el segundo round de audiencias ante la Corte Suprema, ayer las empresas demandadas le devolvieron el golpe al Estado responsabilizándolo por la contaminación del Riachuelo. Lo acusaron de no haber hecho obras de saneamiento y cloacas, de falta de control y de la proliferación de basurales. En cambio, negaron contaminar y dijeron ser objeto de una "imputación generalizada", que no prueba la relación entre su actividad y el estado de la cuenca.

El martes, tanto la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, como los representantes del Estado Nacional, la Ciudad, la Provincia y los 14 municipios involucrados habían apuntado contra las empresas. Ayer, fue al revés: "La contaminación responde a la monumental desidia del Estado y a la existencia de un sector industrial más rezagado en materia ambiental", dijo Lino Alberto Palacio, de Dow Química. Su parecer fue compartido por el resto de las empresas, que dijeron que el Estado permite que operen en la cuenca "miles de empresas carentes de conciencia ambiental junto con otras cuya conducta ha sido siempre ejemplar".

A juzgar por lo que se escuchó ayer, de no ser por el Estado el Riachuelo debiera ser un curso de agua cristalino. La mayoría afirmó que sus empresas no desarrollan actividades de producción industrial en la cuenca y que no generan efluentes. Según explicaron, sólo tienen depósitos para almacenar y despachar diferentes productos, como combustibles livianos, químicos o aceites vegetales. En los pocos casos que reconocieron verter efluentes, dijeron que éstos reciben el tratamiento adecuado. Y que los residuos "especiales" son "tratados por empresas habilitadas".

También cuestionaron que sólo se haya demandado a 44 de las 3.500 empresas radicadas en la cuenca y pidieron que se cite al resto. Además, observaron que el principio que reza "El que contamina paga" ha sido cambiado por el de "Quien está cerca de la cuenca o tiene dinero, paga".

"Desarrollamos una actividad legítima con las autorizaciones correspondientes -sostuvo Gustavo Hours, de Petrobras-. Si la Corte decide que nuestra actividad es antijurídica, el responsable es el Estado que la autoriza".

Otro argumento fue que la contaminación del Riachuelo empezó hace dos siglos, mucho antes de que las empresas demandadas existieran. Rogelio Odriolela Friur, de YPF, también esgrimió que su empresa empezó a operar como Sociedad Anónima en 1991, recibiendo del Estado una indemnidad que le garantiza que cualquier hecho anterior no es de su responsabilidad.

El titular de Shell, Juan José Aranguren, aprovechó la oportunidad para pegarle al Gobierno, que en setiembre clausuró la refinería de Dock Sud de la empresa por daños ambientales. "La clausura, por un supuesto peligro grave, fue ilegítima. Cinco días después revocaron la medida sin que nada haya cambiado".

Desde sus imponentes sillas de cedro, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt escucharon con atención, aunque se abstuvieron de hacer preguntas. Mañana a las 10, la Corte se va a reunir para escuchar al resto de las empresas.

"La cuenca está totalmente degradada y las empresas sólo repiten que la responsabilidad no les corresponde. Parece el juego del gran bonete", ironizó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Por:  Nora Sánchez

Clarín
Viernes 30 de Noviembre de 2007

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