Sin anuncios ni publicaciones oficiales, el Gobierno decidió que "no más de 14" empresas mineras que hasta ayer no pagaban retenciones por la exportación de sus productos comenzaran a hacerlo. La medida, según el sector, es ilegítima, vulnera la seguridad jurídica y puede llegar a frenar desembolsos millonarios. Fue aplicada por la Aduana a partir de una nota conjunta de la Secretaría de Minería, a cargo de Jorge Mayoral, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y bien puede extenderse a más compañías.

Según indicaron fuentes de la Aduana a LA NACION, en ese documento se indicaba que esas firmas, que hasta ese momento estaban exentas del pago de retenciones, debían comenzar a pagarlas. Hubo un primer documento oficial que provino de Moreno. "Nos mandó una primera nota, pero no es la autoridad de aplicación. Luego llegó la nota conjunta", indicaron las fuentes.

No se trata de un nuevo impuesto. Algunas exportaciones mineras vienen pagando entre un 5% y un 10% de retenciones desde 2002. El tributo se aplicaba sólo a las ventas de las empresas que recibieron la aprobación oficial para iniciar su proyecto luego de esa fecha. Las iniciativas anteriores eran las únicas exportaciones del país que no pagaban retenciones. La actividad, muy cuestionada por los ambientalistas, opera bajo el paraguas de la ley 24.196, de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal por tres décadas al prohibir modificaciones en la carga tributaria vigente al momento de aprobarse un proyecto.

Desde la Aduana indicaron que no se modificó ninguna norma. Lo que ocurrió fue que desde la Secretaría de Minería, autoridad de aplicación de la ley 24.196, se le indicó al organismo que esas empresas, en realidad, no estaban exentas del pago de retenciones. "Se trata de un impuesto que rige desde 2002, que las empresas no pagaban porque decían que estaban exentas. Ahora nos dicen que ya no están más exentas", indicó la fuente de la Aduana.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) denunció que el impuesto a la exportación que se exigió a las empresas no forma parte de la legislación fiscal que regula su actividad. Las primeras empresas a las que se notificó fueron Bórax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera, la más afectada por la decisión, ya que es la principal exportadora del sector.

"Decisiones de esta naturaleza vulneran el principio de la estabilidad jurídica y desjerarquizan el precepto constitucional de la publicidad de los actos de Gobierno, en caso de existir una norma sancionada de acuerdo a derecho que no se haya divulgado apropiadamente", dijeron las empresas a través de un comunicado. "La CAEM expresa que esta acción de funcionarios administrativos resulta a todas luces ilegítima. No se basa en normativa vigente alguna", agregó en un comunicado.

El Gobierno analiza desde hace semanas la posibilidad de ampliar la aplicación de retenciones en el sector, que en el último tiempo se benefició por el aumento de los precios internacionales, un fenómeno que las empresas se preocupan por advertir que puede ser pasajero.

Las empresas ya iniciaron consultas con abogados para ver alternativas legales, más aún ahora que, al menos por el momento, perdieron el vínculo con el Gobierno. "Se intentó hablar con Mayoral, pero no contesta los teléfonos", indicó una fuente cercana al sector. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con voceros del secretario.

Por Rafael Mathus Ruiz
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 5 de Diciembre de 2007

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