No hay exageración alguna en el calificativo adjudicado a nuestra endémica inseguridad vial: más de un centenar de muertos por causa de los accidentes de tránsito ocurridos durante este mes, primero del año en curso, lo justifican. Esto a punto tal que parece llegado el momento de exigirles a las autoridades que pongan manos a la obra para tratar de frenar ese disloque impropio de una sociedad civilizada.

Ni las rutas importantes ni los caminos secundarios ni las vías urbanas están libres de esa gravísima realidad que se está cobrando tan alto precio en vidas humanas, al margen de los heridos, muchos de los cuales irremediablemente quedarán con secuelas físicas que los afectarán de por vida, y de los daños materiales. Hay familias enteras deshechas por el cúmulo de irresponsabilidades que configuran la razón última de esas tragedias. Sin embargo, nadie parece tomarlas en serio más allá del horror inicial, provocado, entre otras cosas, por la confirmación del tristísimo liderazgo que ostenta la Argentina en esta lamentable materia.

El más elevado porcentaje de los accidentes graves parecía estar reservado a las carreteras, en las cuales la peligrosidad corre pareja con su estrecha traza -inconveniente generalizado, salvo el caso de las autovías y las autopistas por peaje-, pero ahora las zonas urbanas comienzan a ganar terreno en tan negativo sentido. Por ejemplo, en nuestra ciudad han empezado a abundar los choques que tienen por protagonistas a los colectivos. Nadie está exento, pues, del riesgo de quedar involucrado en esta clase de percances, más y más graves en forma creciente.

Agrava la situación el hecho de que el fenómeno no reconoce sólo una causa. Es cierto que el incremento del parque automotor, dotado de vehículos de carga cada vez más largos y pesados, de transportes de pasajeros convertidos en moles inestables y de automóviles con alocados topes de velocidades máximas, ha desbordado todas las vías de tránsito, en su mayor parte tecnológicamente obsoletas. También es cierto que la crisis de los servicios ferroviarios ha convertido al automotor en recurso imprescindible para suplirlos. No menos sabido es que nuestra sociedad hace caso omiso de las reglamentaciones vigentes y que, al mismo tiempo, los conductores manifiestan hondo desprecio por sus propias vidas y las de sus semejantes al manejar en forma alocada. Con esto ya sería suficiente como para explicar el caos actual, mas no es todo: a eso no faltan quienes, con autoridad para hacerlo, le suman una larvada tendencia suicida.

Salvo la muerte misma, nada hay en la vida que no tenga solución factible. A la inseguridad vial le calzaría como anillo al dedo esa observación, siempre y cuando las autoridades se preocupasen por poner en práctica una serie de medidas que, inevitablemente, deberían tener punto de partida en la creación de la licencia nacional de conductor, la apertura del registro nacional de infractores, el establecimiento de mayores exigencias para otorgar las licencias y de penas más duras -hasta la inhabilitación absoluta y de por vida- para quienes infrinjan las reglamentaciones de tránsito.

Condiciones indispensables por cierto si es que sinceramente se pretende iniciar, con carácter de política de Estado, la lucha contra la inseguridad vial. Pero sería nada más que una mera y utópica pretensión, que no pasaría de ser una formulación voluntarista, si cuando se pretende poner en vigor apenas la reglamentación local del registro con puntaje hay que ceder a la inaudita presión corporativa de camioneros, colectiveros y taxistas, que se sienten afectados por la sencilla intención de poner algo de orden en un tránsito indócil y, por ende, altamente peligroso.

Ahora, los legisladores porteños han anunciado la revisión del sistema de licencias de conductor con puntos en contra por cada infracción cometida por sus titulares y, entretanto, la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima han anticipado el propósito de unificar sus registros de antecedentes de infractores. Sin duda, dos aportes valiosos, que habrán de reforzar el oportunismo y la intensificación de los exámenes al paso para verificar la alcoholemia de los conductores. Aunque se trataría de apenas paños tibios, si esa preocupación que está despuntando no se extiende a las autoridades nacionales y la campaña para ponerles punto final a las tragedias viales abarca a todo el país, con firme voluntad de hacerla cumplir y respetar.

La Nación
Jueves 31 de Enero de 2008

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