El Gobierno porteño echó al director de Control Ambiental, Javier Fígoli, y presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto pedido de coimas a empresas clausuradas por contaminación, en el que estarían involucrados inspectores y un ex funcionario de la gestión de Jorge Telerman.

La tercera denuncia La de ayer fue la tercera denuncia que hizo Macri por supuesta corrupción. El 4 de febrero, afirmó que en la gestión de Telerman se contrataron remises de lujo por unos 3,9 millones de pesos, para que los usaran los inspectores que debían controlar el trabajo de las empresas recolectoras de basura. En tanto, el 26 de enero aseguró que las administraciones de Ibarra y Telerman pagaron sobreprecios en compras para los comedores comunitarios. Además, a fin de año pasado, cuando anunció que dejaba sin efecto 2.800 contratos de personal público, dijo que muchos eran ñoquis tomados por gestiones anteriores. Cómo se llegaba al pedido de coima La maniobra de corrupción se realizaba de la siguiente forma, siempre según lo denunciado por el Gobierno porteño: Un inspector de la dirección de Control Ambiental iba a una empresa y la clausuraba por supuestas infracciones contra el medio ambiente, como vuelcos de residuos o efluentes. El inspector llamaba a un policía y labraba un acta, donde dejaba en claro los motivos de la sanción. Luego, el inspector (y en alguna ocasión también el policía) le insistía al empresario con que, si quería solucionar el problema, se contactara con un abogado especializado. Ese abogado sería Carlos Espina. Espina -quien hasta el 10 de diciembre fue jefe de asesores de Control Comunal- le decía al empresario que le podía levantar la clausura, pero que debía pagarle 55.000 dólares. Cuando el empresario le decía que era mucho dinero, Espina explicaba que era porque tenía "el monopolio para resolver el problema, y eso cuesta caro".

Sorpresivamente, Mauricio Macri convocó ayer a una conferencia de prensa a las 16.15 en la sede del Gobierno porteño. Se presentó algunos minutos después, acompañado de la vicejefa Gabriela Michetti y el ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo. "El compromiso de todos tiene que ser no contaminar el medio ambiente. Para eso el Estado tiene mecanismos de control, pero hay que respetar la ley. Las empresas no tienen que contaminar pero tampoco se pueden ver dañadas por mecanismos para recaudar fondos. Necesitamos que los vecinos nos ayuden a erradicar, a expulsar de nuestras vidas este tipo de prácticas y que hagan las denuncias", comenzó.

Luego, el ministro Piccardo describió lo que habían descubierto: "En el último mes recibimos cinco denuncias de empresas y empezamos a investigar. Vimos que el mecanismo era que un inspector la clausuraba y luego le decía al empresario que si quería solucionar el problema se comunicara con un abogado especializado. Ese abogado es Carlos Espina, quien fue jefe de asesores de Federico Peña, subsecretario de Control Comunal en la gestión anterior. Espina les pedía 55.000 dólares, porque decía que tenía el monopolio para solucionar el problema. A todas las empresas les pidieron la misma cantidad de dinero".

Tras esto, confirmó que Fígoli, quien mantenía su cargo desde la gestión anterior y había sido ratificado por la actual, fue separado "para facilitar la investigación de la Justicia". Su reemplazante será Juan Carlos Pigner.

Piccardo agregó que se iniciaron sumarios para investigar qué otros funcionarios o inspectores están involucrados. Y que se hizo una denuncia penal "ante el juzgado de instrucción N° 39". "Presentamos grabaciones telefónicas y otras pruebas, todas constatadas por escribano", aseguró.

En el Gobierno no aclararon cuáles fueron las empresas involucradas. "Esa información está en el juzgado. Además, no lo decimos porque la idea es que las empresas y los vecinos sigan denunciando casos como este, al 0800-999-2727", aseguró el jefe de Gobierno. Sólo dijeron que eran pymes, como textiles, laboratorios y químicas.

Además, explicaron que están revisando la situación de las empresas, para ver si las clausuras habían sido bien hechas o no. De hecho, mencionaron que algunas sí habían logrado el levantamiento de la clausura, pero en el Gobierno dijeron no saber si habían pagado alguna coima o no.

Clarín se comunicó con Fígoli, quien se mostró sorprendido: "Ayer (por el martes) me enteré que me desplazaban del cargo, pero nunca me informaron nada. Me resulta raro que como responsable del área me separen sin consultarme, más cuando entré al Gobierno hace dos años pero fui ratificado por la actual gestión. Estoy desconcertado".

Este diario también intentó comunicarse con Carlos Espina. Pero su única respuesta fue: "no puedo atenderlo ahora", y luego cortó la llamada telefónica. Según pudo averiguar Clarín, Espina viene del grupo conocido como "Centauros", un equipo de funcionarios de la justicia penal que trabajó en el Ministerio de Justicia en la primera etapa de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando el ministro era Gustavo Béliz. Los referentes de los "Centauros" son Norberto Quantín y José María Campagnoli. De hecho, Espina trabajó en la fiscalía de Saavedra, a cargo de Campagnoli.

Por otra parte, Federico Peña aseguró: "Mi responsabilidad terminó el 10 de diciembre, cuando dejé la gestión, y esta denuncia sería por hechos posteriores. Mientras trabajé con Espina nunca me llegó ninguna denuncia contra él, ni siquiera anónima. Me dolería mucho si se comprobara que la acusación de ahora es cierta".

Por: Pablo Novillo

Clarín
Jueves 13 de Marzo de 2008

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