Las dudas y objeciones por las condiciones de seguridad del buque regasificador que atracará en un mes en el puerto de Bahía Blanca ya llegaron a los poderes Judicial y Legislativo.

Por un lado, el diputado nacional Carlos Raimundi (ARI autónomo) presentó un pedido para que el Gobierno informe si están dadas las condiciones técnicas y ambientales para la llegada del barco contratado por Repsol YPF a pedido de la estatal Enarsa. Por el otro, un partido vecinal bahiense solicitó al fiscal federal Hugo Cañón que intervenga para garantizar la "seguridad náutica" y prevenir posibles "daños ambientales".

En sus fundamentos, el proyecto presentado por Raimundi se hace eco de la preocupación de la población cercana al puerto de Ingeniero White (a 7 kilómetros de Bahía Blanca), que está "reclamando la adopción de medidas urgentes que se consideren pertinentes con objeto de evitar daños de diferente naturaleza".

Y pide que el Poder Ejecutivo, a través de la Prefectura Naval Argentina, responda varios interrogantes, entre ellos "si los barcos a ingresar [uno con la planta regasificadora y otro con gas licuado], los cuales tienen casi 300 metros de eslora, tendrían dificultades para su navegación por el canal de acceso". La normativa vigente en el puerto de Ingeniero White no contemplaba hasta ahora embarcaciones de ese tamaño. La Prefectura allí sólo ha trabajado con buques de hasta 260 metros de eslora.

Otra de las dudas que plantea Raimundi en el proyecto que ingresó esta semana en la Cámara baja es "si todo el proyecto de instalación de la planta regasificadora cuenta con los apropiados estudios de impacto ambiental y riesgo presunto derivado". En la evaluación de impacto ambiental que aprobaron hace algunas semanas las autoridades bonaerenses no se incluyó un estudio de ese tipo, aunque luego se lo exigió a la empresa.

Paralelamente, ayer el concejal Norberto Martínez y el ex candidato a intendente Raúl Woscoff, ambos dirigentes de Integración Ciudadana (IC), se presentaron ante la fiscalía de Cañón para pedirle que investigara si están dadas las condiciones para la llegada de los buques y arbitrara "las medidas que el señor fiscal considere pertinentes" para garantizar la seguridad náutica. Allí se menciona que las naves "pondrían en riesgo la operatividad del puerto, además de violar normas de seguridad existentes". La presentación incluye un pedido para que se "conjuren a tiempo los daños ambientales que resulten de esa operatoria".

La Nación
Jueves 24 de Abril de 2008

Visite nuestros contenidos de
IMPACTO AMBIENTAL