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Planteo judicial contra el ingreso del buque de gas en Bahía Blanca
Un fiscal reclamó que se cumplan normas que fueron "ignoradas"; resolverá un juez
Un obstáculo de último momento amenaza con impedir la llegada del buque regasificador al puerto de Bahía Blanca, la principal iniciativa encarada por el Gobierno para paliar la escasez de gas durante el próximo invierno.
El juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, deberá resolver esta semana si hace lugar a un pedido de acción de amparo para que se prohiba la realización de "toda actividad relacionada con el proceso de licuefacción, transporte, almacenamiento, regasificación, trasvasamiento y distribución de gas natural licuado (GNL), en tanto no se encuentren debidamente reguladas dichas actividades y mientras no se dicte normativa interna específica pertinente".
El pedido fue presentado por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Hugo Cañón; el defensor público oficial bahiense, Gabriel Jarque, y el fiscal de primera instancia Antonio Castaño, y fue acompañado por una decena de dirigentes políticos, ambientalistas y vecinos del puerto. Entre otras cosas, reclama también que "en forma previa e inmediata" se prohiba el ingreso a la ría de Bahía Blanca de los buques metaneros (uno con la planta regasificadora y otro que lo reabastecerá cada diez días), porque su tamaño excede el máximo habilitado para esa terminal.
El pedido considera que la normativa en vigor en materia de seguridad y protección ambiental está siendo "ignorada" por las autoridades nacionales y provinciales que deben controlar la operatoria y por las empresas involucradas: la estatal Enarsa (que contratará los buques), Repsol YPF (a cargo de la ejecución técnica de la operación) y Compañía Mega, en cuyo muelle operará el buque regasificador.
Esas tres firmas son las destinatarias de la acción de amparo, junto con el Estado nacional (por la Secretaría de Energía, la Prefectura Naval y la Dirección de Vías Navegables), el Enargas, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (que otorgó la autorización ambiental) y la Transportadora de Gas del Sur.
"Acá lo que está en juego son valores muy importantes, como la vida, los bienes de las personas, su integridad física y su salud, y nosotros estamos obligados a defenderlos. Ningún interés económico puede someter aquellos valores que son superiores", dijo a LA NACION el fiscal Cañón, conocido por ser el primer funcionario judicial en plantear la inconstitucionalidad de los indultos decretados por Carlos Menem.
Urgencias
El buque regasificador debería arribar al puerto de Bahía Blanca entre el domingo y el lunes próximos, y está previsto que inyecte en el sistema nacional ocho millones de m3 de gas por día durante cuatro meses.
El escrito de Cañón resalta las urgencias que han conducido al Gobierno y a las empresas para avanzar en el proyecto antes de tener todas las autorizaciones y estudios de riesgo. "En países que asumen comportamientos más responsables, los estudios insumen más de dos años (ejemplo canadiense), se hacen pruebas en forma previa y se informa debidamente a la población. En el caso bahiense, nada de ello ha sucedido. La decisión fue puesta en conocimiento de la autoridad marítima en marzo de 2008, y se pretende ingresar esos buques sin las condiciones debidas en dos meses."
También destaca que la autoridad provincial se tomó sólo cuatro días para dar la autorización ambiental y lo hizo antes de que la empresa contestara todas las objeciones.
Según el presidente del partido vecinal Integración Ciudadana, Raúl Woscoff (uno de los cofirmantes del recurso), "quedó demostrado que hay una precipitación de actos que no tienen un adecuado marco regulatorio". El ex candidato a intendente estimó que el juez, que ya requirió documentación relacionada con las pruebas, podría resolver el amparo antes del miércoles 21, cuando se desarrollará una audiencia pública no vinculante en el Concejo Deliberante.
Algunos responsables del proyecto fueron tomados por sorpresa y lamentaron que el fiscal no los haya "consultado antes", dijo una fuente a LA NACION. Desde Enarsa ratificaron que "están dados todos los estándares internacionales".
La Nación
Lunes 19 de Mayo de 2008