El campo convocó anoche al tercer paro contra la política agropecuaria nacional en lo que va del año, después del fracaso de toda posibilidad de diálogo tras las acusaciones de golpismo lanzadas por el oficialista Partido Justicialista y la negativa del Gobierno a convocar a una nueva ronda de negociaciones.

Según anunciaron los presidentes de las cuatro entidades del sector, el plan de acción incluirá sucesivamente el cese de comercialización de granos para exportación y de hacienda para faena, la instalación de campamentos en las plazas de las localidades rurales y la búsqueda de apoyos entre legisladores y gobernadores.

Los ruralistas volvieron a pedirles a sus representados que no impidan el tránsito de personas y cargas en las rutas. También les solicitaron a los presidentes de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; del Senado, Julio Cobos; de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; de la Conferencia Episcopal, cardenal Jorge Bergoglio, y al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, que intervengan "de buena voluntad y buenos oficios", para tratar de superar el conflicto.

"Están demostrados los nulos resultados del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la negociación. Respetamos lo que defina la Presidenta, pero la gestión de Fernández no es eficaz", dijo Buzzi a LA NACION. "Es hora de que el Gobierno empiece a actuar con racionalidad y responsabilidad. No tiene sentido seguir avivando el fuego", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens.

Las medidas fueron consensuadas en la extensa reunión que los ruralistas mantuvieron el sábado último en Rosario, horas antes de la multitudinaria movilización que el sector protagonizó el día siguiente. "Buscamos convencer al número de legisladores nacionales suficiente para lograr el quórum que permita aprobar las leyes que modificar el esquema de retenciones", dijo una fuente ruralista.

Los presidentes de las cuatro entidades del campo esperaron, durante una reunión que comenzó a las 10 y terminó a las 20.30, el pronunciamiento del consejo nacional del Partido Justicialista presidido por Néstor Kirchner. Hasta entonces analizaron dos planes de acción posibles, uno para el caso de que hubiese un nuevo llamado al diálogo y otro por si el oficialismo insistía en los cuestionamientos al sector. Fue el vicepresidente 2° del PJ y gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, el que terminó con las dudas cuando acusó al sector de "agorero y golpista" (más información en página 6).

En la sede porteña de la Federación Agraria, fue el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, quien anunció las medidas: "Desde el miércoles 28 de mayo [por hoy] a las 0 y hasta el lunes 2 de junio a las 24, cese de comercialización de granos con destino a exportación. Y desde el jueves 29 de mayo a las 0 hasta el mismo lunes 2 de junio a las 24, cese de comercialización de hacienda vacuna con destino a faena. Desde el martes 3 y hasta el viernes 6 de junio, campamentos en las plazas de las cabeceras de comunas y partidos, visitando intendentes, profundizando la campaña de recolección de firmas y, a la vez, realizar marchas a las capitales de aquellas provincias que aún no han recibido al sector agropecuario. A partir del lunes 9 de junio, reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita". Al tope de esa lista están los gobiernos de Buenos Aires, Chaco, La Pampa y Entre Ríos.


Canales alternativos

"Como no encontramos canales de diálogo con el gobierno nacional buscamos abrir caminos con otros estamentos del Estado", explicó Carlos Garetto, vicepresidente de Coninagro, considerado el representante del ala dura de esa entidad cooperativa, que preside el dialoguista Fernando Gioino. De hecho, este último no estuvo ayer en la reunión. Al anunciar el nuevo cese de comercialización -"un derecho constitucional a no vender lo que es propio", según explican en el agro- garantizaron que no habrá desabastecimiento de granos, porque sólo estará restringida la venta para exportación, ni de ganado vacuno, porque las cámaras de los frigoríficos estarían llenas por las trabas a las ventas externas dispuestas por el Gobierno.

Durante el encuentro se recibió una amenaza telefónica que motivó la presencia de la Policía Federal.

Si el Gobierno decide corregir parcialmente el esquema de retenciones móviles y ampliar los reintegros para pequeños y medianos productores, que alcanzarían a quienes cosechan 800 toneladas de soja y girasol, y no sólo a los que logran 500 toneladas, como hasta ahora, el campo podría rever su posición. "Si eso ocurre, lo analizaremos oportunamente, se verá qué alcance tiene y decidiremos", afirmó Llambías. "Es posible que no haya anuncios y que lo que tenga que salir se publica directamente en el Boletín Oficial", indicó una fuente oficial.

Por José Crettaz
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Miércoles 28 de Mayo de 2008

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