Los gobiernos de Uruguay llevan adelante una política desarrollista. Es una estrategia de país delineada con la ley de forestación, que el parlamento uruguayo aprobó por unanimidad en 1987. Con ella perseguía modernización, progreso, una inversión remolcadora de mayores inversiones y el efecto multiplicador que las pasteras tendrían para la economía del país. Ello, además de la tradición uruguaya de apego a las instituciones y sujeción a la ley, hace que hoy Uruguay exporte madera, pulpa de celulosa y sea polo de atracción para la instalación de industrias.

Desilusionado del Mercosur, Uruguay concentra el interés nacional en impulsar y facilitar su desarrollo.

ENCE, Empresa Nacional de Celulosa de España, desde 1990 efectuó inversiones en el complejo forestal de Uruguay: 180.000 hectáreas de plantaciones (Eufores SA), dos plantas de astillado, una en Montevideo y otra en Río Negro; un aserradero (Masserlit) y un puerto en Fray Bentos (Terminal Logística M Bopicuá).

El 15 de julio de 2002, ENCE realizó una extensa presentación ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado uruguayo. En ella expuso su proyecto de instalación, en Fray Bentos, de una planta de pasta de celulosa, con un estudio sobre el impacto ambiental de esa iniciativa al que le otorgaron principal importancia. Señalaron, entre otras cosas, que ese estudio demostraba la viabilidad del proyecto. "La protección del medio ambiente es necesaria para que seamos aceptados. De lo contrario, seremos rechazados", decía el informe de la empresa y se comprometía a corregir todo lo que hubiera que corregir para adaptarse a la normativa medioambiental que el Estado resolviera imponer.

En el curso de aquella reunión, el senador uruguayo socialista Ricardo Castromán reconoció a los representantes de ENCE sus consideraciones sobre el impacto ambiental y el marco legal, y preguntó: "Quisiera saber si han tenido la prevención correspondiente o si consideran que no es necesario consultar con el marco legal argentino, por razones obvias, porque el río Uruguay pertenece a los dos países y del otro lado también vive gente que consume agua potable". Ese fue el punto de partida de una activa y continuada participación de la Argentina en las gestiones por la instalación de las pasteras. Dio lugar a la reacción de los habitantes de Gualeguaychú, hoy de alcances peligrosos y perjudiciales.

El gobierno uruguayo, violando las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay, que contribuyó a gestar internacionalmente, sin consulta, información previa o intercambio de opiniones, el 9 de octubre de 2003 autorizó la instalación de la fábrica de ENCE.

En septiembre de 2006, ENCE informó a los gobiernos de Uruguay y de la Argentina sobre su decisión de relocalizar su proyecto de fábrica, ahora sobre el Río de la Plata, en Punta Pereira, Colonia. Lo hizo conforme a su exclusivo interés económico, al explicar que era imposible construir en Fray Bentos dos plantas. Esta decisión eliminó el efecto acumulativo de contaminación de dos fábricas (Botnia y ENCE), que proyectaban producir en conjunto dos millones de toneladas anuales de pasta de celulosa.

El 12 de diciembre de 2006, el presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, fue recibido por el presidente Kirchner, a quien lo informó sobre la instalación de la fábrica ENCE en Colonia, frente a Buenos Aires. Ignoramos si Kirchner aprovechó la oportunidad para recabar información o formular alguna advertencia sobre la seguridad de la calidad del ambiente en el Río de la Plata. Arregui también fue recibido por el jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Actualmente, se analiza en Uruguay la instalación de la fábrica ENCE en Punta Pereira. El Ministerio del Medio Ambiente convocó a una audiencia pública para debatir el proyecto y se puso al alcance del público un informe de la empresa.

En febrero de este año, ENCE puso a disposición de los interesados un informe ambiental de 104 páginas, con cuadros e ilustraciones, sobre el proyecto Fábrica de Celulosa y Energía Eléctrica e Instalaciones Portuarias, en Punta Pereira, Colonia.

El informe da cuenta de que el emprendimiento se ubica en una superficie de 361 hectáreas. Las instalaciones fabriles ocuparán 200 hectáreas y las portuarias, 16. El complejo industrial estará constituido por: 1) planta de producción de pasta de celulosa de eucalipto blanqueada por el proceso Kraft, con una producción anual de un millón de toneladas secas al aire; 2) planta de generación de energía que utilizará el vapor generado en la caldera de recuperación y el generado en la caldera de biomasa; 3) terminal portuaria.

Se señala que el proyecto cumple con la legislación local y con las recomendaciones de la directiva europea en vigor, con las mejores técnicas disponibles y económicamente viables para la industria. La tecnología de blanqueo, libre de cloro elemental o molecular es la ECF Light. Los niveles de emisión y de parámetros de efluentes líquidos están dentro de los valores de referencia establecidos.

Destaca que los posibles impactos ambientales han sido "evaluados convenientemente, incluidas las emisiones a la atmósfera, el impacto acústico, la calidad de los efluentes líquidos, el impacto visual y los impactos socioeconómicos". Se indica que la instalación de la planta de depuración del efluente garantiza la calidad del vertido y que para el control de emisiones se dispone de electrofiltros de alta eficiencia para depuración de gases, sistema de recogida de los gases no condensables para su eliminación mediante oxidación térmica y control integrado del proceso.

Sobre los riesgos de alteración de calidad del agua, dice que no habrá efectos en la calidad del agua del Río de la Plata en lo que respecta a los valores de sus parámetros fisicoquímicos y microbiológicos".

Aun si se reconoce que, como toda industria, el proyecto provocará contaminación, el informe explica: "El proyecto que se evalúa ha apuntado desde su comienzo hacia el desarrollo sostenible, por lo que ha considerado desde su inicio el principio de mínima repercusión ambiental". De esta forma, asegura ENCE, se han contemplado medidas de mitigación del posible daño medioambiental.

Con la asistencia de alrededor de 500 personas, el 1º de abril último se realizó en el Club de Labradores de Conchillas, en Uruguay, la audiencia pública convocada por el gobierno para tratar el proyecto de ENCE. Actuó como mediadora la directora nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alicia Torres. Existió una fuerte oposición a la instalación de ENCE por parte de vecinos de la zona y de militantes locales de grupos ambientalistas, con críticas y preguntas sobre el efecto del impacto ambiental de la fabricación de pasta de celulosa, y se desplegaron pancartas contrarias a ENCE.

Luego de la visita del presidente de ENCE al ex presidente Kirchner y la presentación del informe, es de preguntarse, en tiempo oportuno, cuál es la opinión y la actitud del gobierno argentino ante las consecuencias de la inevitable contaminación que producirá ENCE en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires.

No podemos ignorar el informe y ser indiferentes a sus consecuencias. Incluida Botnia, se debe acordar un monitoreo conjunto uruguayo-argentino de la producción de las pasteras, permanente y flexible, lo mismo que Uruguay ha ofrecido en el caso de ENCE. Eso pondría fin a la absurda controversia.

Es tiempo de hacerlo, ya que la fábrica ENCE es todavía un proyecto, aunque concreto y avanzado, que espera contar con la aprobación oficial y pública de su informe ambiental para comenzar su construcción.

El autor fue presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.

Por V. Guillermo Arnaud
Para LA NACION

La Nación
Miércoles 11 de Junio de 2008

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