Una vez más, los piquetes de productores y transportistas endurecieron sus posiciones tras las palabras de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: anoche se contabilizaban más de 300 cortes de ruta en todo el país ( ver página 9). En sintonía, en Buenos Aires la Comisión de Enlace de entidades agropecuarias anunciaba la extensión de su cuarto paro hasta mañana por la noche.

El poder de 30 millones de toneladas de soja Matías Longoni El Congreso deberá decidir sobre las controvertidas retenciones móviles. Es innegable que la decisión del Gobierno permite oxigenar las cosas en el terreno político. Pero hay una contracara. De alguna manera, al tirarle el fardo a los legisladores, el Gobierno extiende la parálisis económica del interior. En los hechos, estira el paro más allá de la decisión de las entidades. El razonamiento es simple. Los chacareros conservan cerca de 30 millones de toneladas de soja en su poder. Y no venderlas ha sido hasta ahora su arma más poderosa. No las vendieron enojados por el súbito aumento de las retenciones, que ya llegan al 46%. ¿Por qué habrían de venderlas ahora, frente a la expectativa de que el Congreso finalmente laude y alivie el peso del tributo? Si esa soja no se vende, los transportistas seguirán cortando las rutas por falta de trabajo, las fábricas de maquinaria prolongarán su actual sequía de ventas, las exportadoras -que ya agotaron sus reservas- no podrán concretar embarques y se resentirá el ingreso de divisas. ¿Cuánto tardará el Congreso en debatir el asunto? Algunos hablan de un mes, otros de un plazo mayor. Para la agricultura es demasiado tiempo. Si los chacareros no saben rápidamente cuánto serán las retenciones, tampoco arriesgarán demasiado ante la nueva campaña gruesa (soja y maíz) que se aproxima. Las decisiones de siembra deben tomarse en pocas semanas. De lo que hagan los chacareros dependerá buena parte de la salud macroeconómica del país en 2009. Distinto sería el panorama si el Ejecutivo, al enviar su proyecto al Congreso, hubiese suspendido la Resolución 125. Pero, en el fragor de la guerra no parece que haya alguien pensando en este tipo de cosas.

La de ayer fue la más difícil de las decisiones que debieron tomar los dirigentes de CRA, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural en este largo conflicto, que ya cumple 100 días. Entre los ruralistas primaba la decisión de poner fin a esta etapa de la protesta, para abrazar con ganas la ventanita que habilitó el Gobierno al enviar al Congreso la discusión sobre las retenciones móviles. Pero reaccionaron de ese modo al discurso de la Presidenta, que siguieron por tevé desde el predio de la Rural en Palermo. Y a la forma en que fue enviado el proyecto de retenciones al Congreso.

"No somos desestabilizadores, no somos golpistas, no somos desabastecedores. Queremos pedirle a la Presidenta mayor respeto", dijo Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, tras anunciar la extensión de este tramo del paro: se prolongará hasta mañana a la medianoche y consistirá en no vender granos para exportación, pero no alcanzará ni al ganado, ni a la leche ni a otro tipo de cargas. Un detalle clave: es la primera vez que las entidades del campo deciden poner fin con tanta anticipación a una de sus medidas de fuerza. Este paro finalizará el viernes; luego desplegarán otras formas de protesta. La Comisión de Enlace prometió reunirse recién el lunes, en un gesto que esconde un mensaje para el Gobierno. Cristina Kirchner participará el viernes en Rosario de un acto por el Día de la Bandera. Los ruralistas esperan allí y de ella un mensaje muy diferente al que recibieron ayer.

Buzzi anticipó que el lunes próximo cursarán un pedido formal de audiencia a la Presidenta y a las autoridades del Congreso. Con Cristina pretenden dialogar sobre los múltiples temas que desencadenaron el malestar de los productores: leche, carne, trigo. A los legisladores les pedirán que, pese a lo que disponga el Ejecutivo, habiliten un debate profundo sobre el esquema de retenciones vigente desde marzo.

Todos los cálculos previos parecen indicar lo contrario. Pero tienen esperanza los ruralistas en que muchos diputados y senadores del oficialismo se presten a ese debate, desoyendo las indicaciones que les lleguen desde el Gobierno. Este fin de semana prometieron "ir a visitar a todos los legisladores a sus casas, en tono amigable, para dar el debate". De la oposición no dudan: ayer hablaron con varios de sus referentes en el Congreso.

Los ruralistas subieron la apuesta sin ingenuidad: en cinco horas de reunión analizaron lo que consideran una frágil situación institucional, y por eso se inclinaron a extender el paro solamente por tres jornadas. Los piquetes de productores, según admiten los dirigentes, pedían más. Esta estrategia destinada a apaciguar se notó: las entidades bajaron el tono de sus manifestaciones en el interior. Los actos del campo se convirtieron en simples ceremonias religiosas.

"No somos una opción electoral. No tenemos esa vocación porque no nos corresponde: solo intentamos discutir el destino de nuestro sector", enfatizó Buzzi.

Mario Llambías, de CRA, anticipó que los cuatros presidentes de las entidades iniciarán una querella por injurias contra las autoridades nacionales, por los avisos que convocaban al acto de ayer en Plaza de Mayo: mostraban sus caras y los acusaban de todo tipo de males. "Parece fácil echarle la culpa al campo de todos los males que pasan en el país", se quejó el titular de Federación Agraria, que actuó como vocero de todas las entidades. La Comisión de Enlace, en esa lógica, descartó seguir con la medida de fuerza más allá del viernes.

Por: Matías Longoni

Clarín
Jueves 19 de Junio de 2008

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