En su primera reunión con los representantes de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires por el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el juez federal Luis Armella dejó en claro que hará cumplir los plazos estipulados por la Corte Suprema para la recuperación del río más contaminado del país.

Qué establecen los plazos de la Corte A los 30 días. La Autoridad debe subir a Internet toda la información sobre empresas contaminantes; estado del aire, el agua y la napa; avance de obras y otros puntos. También se tendrá que completar la inspección a todas las fábricas de la Cuenca, e intimar a las que contaminen a presentar un plan de tratamientode efluentes. A los 90 días. La Autoridad deberá tener listo un sistema internacional de medición de la contaminación, y un mapa de la población en riesgo de contraer enfermedades, más un plan para evitarlo. A los 180 días. Tendrá que ordenarles a las empresas que no hayan presentado un plan de mitigación de la contaminación que lo hagan. También deberá haber presentado un plan para clausurar los basurales, y haber mudado a quienes viven en ellos. Al año. Deberán estar cerrados todos los basurales. Cada tres meses. Debe presentar un informe sobre los avances del programa. Sin plazo. La Corte exigió planes de urbanización de villas, ampliación de red de cloacas y agua potable, mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, parquización de las márgenes y otras medidas de fondo.

El martes 8, la Corte estableció un cronograma para las diferentes medidas que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el organismo encargado del saneamiento del curso, debe cumplir (ver Qué... ). En ese mismo fallo dispuso que Armella, juez federal de Quilmes, fuera el encargado de seguir cada paso del plan.

La Corte determinó que por cada fecha incumplida habrá una multa para la presidenta de la Autoridad, la secretaria de Ambiente Romina Picolotti. Lo hizo por los escasos avances que hubo en los últimos dos años, desde que ordenó sanear el Riachuelo para mejorar la situación de los 10 millones de personas que viven en la Cuenca.

En la reunión de ayer, además del juez y los representantes de los tres Estados, estuvieron el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, que actúa como garante de la participación de los ciudadanos, y el titular de la Auditoría de la Nación, Leandro Despouy, cuya función es controlar la ejecución presupuestaria del plan.

Aunque el juez pidió que no se hiciera público lo conversado en la reunión (que duró de 9 a 14), Clarín pudo averiguar que Armella aclaró que no está en condiciones de modificar ninguno de los plazos fijados por la Corte. Esto fue porque Picolotti le habría pedido prorrogar algunas fechas. El ómbudsman Mondino también se manifestó en contra de cualquier demora.

Armella se mostró dispuesto a participar de las reuniones de la Autoridad de Cuenca. "Se lo notó muy firme, y avisó que estará muy encima de todo el proceso. También dejó bien en claro que los plazos corren desde que salió el fallo de la Corte", contó una fuente que participó de la reunión.

Por: Pablo Novillo

Clarín
Jueves 24 de Julio de 2008

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