La pelirroja Ana María Fernández se acomodó el peinado con ondas, cortado al mentón, y comenzó a recitar su defensa como si la hubiera aprendido de memoria. La funcionaria del área de control durante el gobierno porteño de Aníbal Ibarra disparó contra sus superiores, en especial contra otra acusada, Fabiana Fiszbin.

Respecto de lo ocurrido con las inspecciones en locales antes de que ocurriera la tragedia en República Cromagnon, donde murieron 193 personas, aseguró que el gobierno de Ibarra había desmantelado la estructura de control y que no la reemplazó en forma inmediata.

Paralelamente, acusó a las autoridades políticas de entonces de haberle mentido a la Justicia y mencionó a quien fue su superior, Gustavo Torres, y a Juan Carlos López, ex ministro de Seguridad porteño, procesado en la causa, pero que no es juzgado en este momento.

Fernández era la directora adjunta de fiscalización y control del gobierno de la ciudad. Anteriormente había sido titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), un organismo que reemplazó al encargado de la fiscalización de comercios e industrias luego de que Ibarra puso en disponibilidad a los 500 empleados que hacían antes ese trabajo.

La abogada, de 43 años, del Partido de la Ciudad, aliado de Ibarra, que ingresó a trabajar en el gobierno porteño como inspectora en 2003, dijo que cuando asumió, a fines de ese año, contaba con 12 funcionarios para inspeccionar 200.000 locales y que al dejar su cargo había sido relegada a tareas administrativas.

Los querellantes interpretaron que, con esta declaración, Fernández busca "neutralizar la acusación de violación de deberes de funcionario público [delito que requiere dolo, es decir, intención] y suavizarla con la de actuar negligente, que es un delito culposo", según la abogada Beatriz Campos.

Auxiliada por un atril y un marcador, la ex funcionaria destacó que nunca supo, en mayo de 2004, de un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad que señalaba que sólo 36 de las 258 discotecas habilitadas reunían las condiciones de seguridad necesarias para evitar un incendio.

No obstante, declaró luego que, sobre la base de ese trabajo realizado por Atilio Alimena, defensor adjunto, Fiszbin le había pedido que buscara la manera de notificar a todos esos locales para que presentaran su documentación de habilitación de bomberos, pero dijo que sólo lo hicieron 53 comercios, entre ellos República Cromagnon.

No obstante, destacó que, cuando se informó a la Justicia qué había realizado el gobierno, se le dio información errónea y dijo que Fiszbin había declarado que desconocía los avances de su área, cuando Fernández asegura que le había entregado una planilla con todos los lugares que ya había inspeccionado.

Luego, recitó de memoria un párrafo de la declaración de Ibarra en el proceso de juicio político que lo destituyó del cargo de jefe de gobierno en el que citaba esa planilla que sólo pudo haber conocido de boca de Fiszbin, dijo Fernández.


Cerrado

Reconoció que su grupo de inspectores también había llegado hasta el local que gerenciaba Omar Chabán, pero no había encontrado a nadie porque estaba cerrado. No explicó por qué nunca más fueron a inspeccionarlo, como dijo que lo hacían sus empleados cuando se encontraban con esta circunstancia.

Fernández prefirió no contestar preguntas del tribunal ni de los otros acusados y dijo que lo hará en otra ocasión. El principal foco de su declaración fue Fiszbin, quien ayer estuvo ausente en la sala de audiencias de los tribunales.

Tampoco estuvieron todos los integrantes del grupo Callejeros. El cantante, Patricio Fontanet, se levantó durante un cuarto intermedio y nunca regresó, al igual que Elio Delgado, otro de sus compañeros de la banda.

Con el auxilio de una pantalla gigante, Fernández reprodujo una nota donde constaba que se había quejado porque no tenía recursos para inspeccionar, pero la abogada querellante Beatriz Campos aseguró que ese reclamo estaba firmado por su jefe, Torres, y no por Fernández.

"Nos encontrábamos ante limitaciones para el control porque también nos asignaron verificar los partidos de fútbol y los recitales, de lo que debía hacerse cargo otra dependencia", destacó. Acotó que "la licenciada Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos, estaba en conocimiento de todo e Ibarra fue asesorado por ella". La declaración de Fernández fue interpretada por los querellantes como un quiebre entre los funcionarios.

Tras un cuarto intermedio, se leyeron declaraciones indagatorias de la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, y sus careos con el manager de la banda Callejeros, Diego Argañaraz.

Villarreal declaró que Callejeros había gastado 6000 pesos en pirotecnia durante un recital ofrecido en el club Excursionistas y le adjudicó a Villarreal la frase: "Si no hay bengalas, no es un show de Callejeros".


Ana María Fernández

"Mi área carecía de presupuesto y de sistema informático. Soy inocente de todos y cada uno de los delitos que se me imputan."
"Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos; estaba en conocimiento de todo e Ibarra fue asesorado por ella."
"Algunos funcionarios omitieron informar al juzgado cuáles eran mis funciones."

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Martes 26 de Agosto de 2008

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