Los acusados Omar Chabán y Raúl Villarreal. El ex explotador del boliche Cromañón y el hombre sindicado como su mano derecha son dos de los principales imputados. Los querellantes José Iglesias y Mauricio Castro coinciden: homicidio simple y cohecho activo (pago de coimas). Para el fiscal Jorge López Lecube y el abogado Patricio Poplavsky, estrago doloso seguido de muerte y coimas; para la abogada María del Carmen Verdú, homicidio simple. Dos de las querellas adelantaron a Clarín que pedirán 31 años de cárcel para Chabán y para los integrantes del grupo Callejeros. Callejeros. Los ocho integrantes de la banda recibieron la misma acusación que Chabán de parte del fiscal y del abogado Poplavsky; para José Iglesias, igual que Chabán. Castro y Verdú no hicieron acusación contra ellos. Ex funcionarios. Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres son acusados por Iglesias y Verdú de homicidio simple; por Castro, de homicidio culposo y por Poplavsky y el fiscal, de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Carlos Díaz. El subcomisario es acusado por Iglesias y Castro de homicidio simple y cohecho pasivo (cobrar coimas). López Lecube y Poplavsky coinciden en acusarlos de lo mismo que a Callejeros. Verdú no los acusa porque señala que al ser un delito de acción pública de la acusación debe encargarse la fiscalía. Miguel Angel Belay. Es el único de los 15 acusados que no es imputado de homicidio. El fiscal, Iglesias y Castro lo acusan de haber cobrado coimas. Para Patricio Poplavsky está en el mismo nivel que Chabán, Villarreal y Callejeros: estrago doloso seguido de muerte y cohecho, aunque en el caso de Belay sería cohecho pasivo, el que recibe la coima. La "mano derecha" se negó a declarar A la mañana, el protagonismo en el juicio fue de Ana María Fernández. A la tarde, le correspondió a Raúl Villarreal, sindicado como "mano derecha" de Omar Chabán. Villarreal se negó a declarar y, por eso, ayer a la tarde se leyó todo lo que había dicho en la instrucción de la causa y en los careos que se le realizaron con otros imputados. Villarreal escuchó la lectura con atención y, por momentos, pareció que lloraba. "Si no hay bengalas, no es un show de Callejeros", aseguró Villareal que le había dicho en una oportunidad Diego Argañaraz, ex manager de la banda y también acusado en el juicio. "Yo siempre les decía que dejen las bengalas, que se iban a matar. Una vez Diego me contó que la banda había gastado 6.000 pesos en pirotecnia en Excursionistas, porque si no había bengalas no era un show de Callejeros". Después se leyó un careo entre ambos: el ex manager de la banda negó que eso fuera cierto y Villarreal insistió con que sí se lo había dicho. Villareal, por otro lado, aseguró que Cromañón no tenía seguridad propia, sino que estaba a cargo de cada banda. También hubo referencias al papel en el que había escrito un detalle de gastos en el que se indicaba "poli 100". Dijo: "Hay un muchacho al que le dicen poli, polito, polo, al que se le pagan 100 pesos por llevar entradas a los puntos de venta". Ese supuesto "Poli" nunca fue identificado. Frases de Ana María Fernández durante su declaración "Demostraré cómo algunos funcionarios omitieron informar a la Justicia mis funciones y probaré los deberes que tenía y no dejé de cumplir." "La licenciada (y también acusada Fabiana) Fiszbin sabía que la UPI (Unidad Polivalente de Inspectores) no contaba con recursos suficientes." "¿Por qué algunos funcionarios intentaron establecer la creencia de que la UPI contó con más de 150 inspectores cuando eran menos de la mitad?"

Casi al final de su declaración, Ana María Fernández blanqueó algo que parecía evidente: que desde hace tres años y medio se estaba preparando para ese momento. Es que durante su extensa exposición de ayer, en la tercera audiencia del juicio por Cromañón, la ex funcionaria citó, sin ayudamemorias, decretos y resoluciones municipales, enumeró fechas claves y dibujó decenas de gráficos en un atril. Deslindó, además, cualquier responsabilidad en la tragedia. Eso sí: reconoció que en 2004, año del desastre, cumplía funciones en el área de fiscalización de la Ciudad y que a Cromañón no se lo inspeccionó.

De acuerdo a su relato, el 19 de marzo de 2004 (es decir 286 días antes del incendio) inspectores de la Unidad Polivalente de Inspecciones fueron a Cromañón. "Pero no pudieron inspeccionarlo porque se encontraba cerrado", sostuvo. Nada dijo de porque entonces no se volvió otro día a fiscalizarlo. Tampoco aceptó responder preguntas.

Fernández, quien llegó al juicio acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también detalló que entre abril y mayo de 2004 se intimó a más de 160 locales bailables a que presentaran sus habilitaciones de Bomberos. "Contestaron 53, entre ellos Cromañón. Su certificado estaba vigente en junio", justificó la ex funcionaria.

Pero en la sala no todos quedaron conformes con sus respuestas. "Si tuvo acceso al certificado de habilitación, sabía que éste se vencía el 24 de noviembre de 2004. ¿Por qué ahí no se clausuró el local?, razonó el abogado querellante Mauricio Castro.

La ex funcionaria llegó a la sala de audiencias de Tribunales con su pelo enrulado aún húmedo. Debajo del pelo asomaban unos aros gigantescos. Tras acomodarse el peinado, subió al estrado y empezó a hablar con energía. Gustavo Torres, otro ex funcionario imputado, siguió con atención su relato. Fabiana Fiszbin, ex jefa de ambos y también acusada, faltó a la audiencia.

El eje de su declaración fue que cumplió tareas como coordinadora de la UPI hasta el 31 de agosto de 2004, cuando esa área fue disuelta. En ese momento se crea la Dirección General de Fiscalización y Control, dónde ella es nombrada directora adjunta.

En la UPI, sostuvo, faltaban personal, presupuesto y sistema informático para poder inspeccionar los 200.000 locales que hay en la Ciudad. Y recordó que el 1° de abril de 2004 le envió una nota a Fabiana Fiszbin en la que le advirtió que a partir de las denuncias recibidas sobre posibles infracciones en los locales, el organismo a su cargo "respondía sólo al 30 por ciento de lo demandado".

Y agregó: "la licenciada Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos suficientes, estaba en conocimiento de todo".

Con la disolución de la UPI se describió a si misma como caída en desgracia: "Se me ubicó un escritorio en un pasillo, al lado de la puerta de salida. Se me colocó en una situación de absoluta prescindencia, alejada de lo operativo".

Para la abogada Campos, Fernández hizo agua en bastantes tramos de su declaración: "Dice que no contaba con recursos suficientes, pero no envio ninguna nota para solicitar más. Dice que estaba dibujada, pero ocupaba un cargo ejecutivo. No puede venir ahora a decir que participaba de muchas reuniones pero que la puenteaban".

Por si no había quedado claro que refutaba todas las acusaciones en su contra, al final de su monólogo Fernández lanzó: "Soy inocente de todos los delitos que se me imputan. Desde hace tres años y medio estoy dedicada a la búsqueda de la verdad para todos los que fuimos atravesados por esta tragedia". En la sala la escuchaban los familiares de los 194 muertos Cromañón.

Por: Carlos Galván

Clarín
Martes 26 de Agosto de 2008

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