El gobierno porteño acaba de clausurarla preventivamente por cuestiones de seguridad ambiental y por falta de habilitación comercial. El gobierno nacional, sobre cuyas tierras funciona, niega haberle otorgado un permiso para operar allí.

No obstante, Cementos Avellaneda SA -de ella se trata- sigue ocupando cuatro hectáreas, en Retiro, rodeada de casillas de la Villa 31. La empresa es propiedad de una firma multinacional de capitales españoles, Corporación Uniland, y es una de las cinco más importantes del mundo en su rubro. Curiosamente, en su página web, evitó incluir la sede de Retiro, aunque aparecen las de San Luis y Olavarría.

Según fuentes del gobierno de Cristina Kirchner, la empresa está instalada en Retiro desde hace 40 años, aunque, al parecer, nadie la controla. Y, en todo ese tiempo, nunca hubo una denuncia sobre su ahora comunicada situación irregular.

Funcionarios porteños comentan que una muy pequeña parte de la producción de esa enorme cementera va directamente a la construcción de viviendas en la villa. En Cementos Avellaneda no quisieron dar demasiadas explicaciones a las consultas de LA NACION. Una persona que se identificó como Jacobo, con marcado acento español, apenas respondió telefónicamente: "No vamos a decir nada. Es un tema muy peliagudo".

En el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estados (Onabe) aseguraron ayer que rige esa superficie la administración de los concesionarios del Ferrocarril Belgrano Cargas. Pero sucede que, desde hace dos años, la concesión de ese tren está en manos de un consorcio de empresas y sindicatos a la espera de que el Estado vuelva a hacerse cargo del servicio. En el Onabe, reiteraron que esos terrenos, donde opera la cementera, están "desafectados" del control de ese organismo y que, en todo caso, la fiscalización depende de la Secretaría de Transporte. LA NACION intentó contactarse con esa dependencia, pero no obtuvo respuesta.

El viernes pasado, inspectores del gobierno de la ciudad llegaron hasta el lugar y clausuraron la cementera por 15 días. No contaba con la habilitación comercial. El jefe de gabinete del Ministerio de Medio Ambiente porteño, Fabián Rodríguez Simón, dijo: "No tienen habilitación y creo que la vamos a clausurar definitivamente".

Simón expresó que en la empresa habían argumentado que poseían un contrato con la Onabe que nunca mostraron. En ese organismo, desmintieron la versión, pero reconocieron que la firma tiene asignado un terreno ubicado a 40 cuadras del lugar donde se encuentra ahora.

"Para nosotros, sea el Onabe o Transporte, la responsabilidad es del gobierno nacional. Una cosa es que usurpe alguien con necesidades y otra es que una multinacional que vende sus productos esté instalada en un lugar sin habilitación y totalmente irregular, ya sea por omisión o por negligencia estatal", dijo Simón.

El director de la Onabe, Fernando Suárez, insistió: "La cementera no tiene permiso nuestro. Los terrenos son espacios colaterales que manejan las concesionarias del ferrocarril. Si mañana se los desafectara del servicio de trenes, el terreno pasaría a ser controlado por nosotros".

"Esto es irregular y tiene que ver con la decadencia de ese ferrocarril, y Macri tiene razón porque esa empresa no tiene ningún contrato", añadió Suárez.

Los argumentos, de todos modos, no convencen a la administración porteña. "Esto funciona con amparo del gobierno nacional que es responsable de las construcciones de cinco pisos en la villa, sin estructuras y sin cálculos, y que representan un verdadero peligro para la seguridad", dijo Simón.

Por Franco Varise
De la Redacción de LA NACION

La Nación
Martes 30 de Septiembre de 2008

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