Gritos, chicanas, duros discursos, intervenciones del personal de seguridad y amenazas de desalojar la sala pusieron ayer un clima caliente e inusual para las audiencias públicas -habitualmente tediosas- al debate por los nuevos contratos de recolección de basura en la Legislatura. Se trata del negocio más importante que ofrece el Estado porteño, que este año está destinando casi $ 1.000 millones al pago a las empresas concesionarias.

La mayor parte de las cooperativas de cartoneros y otras organizaciones sociales apoyaron ayer la iniciativa macrista para que las empresas ya no hagan más recolección diferenciada entre residuos reciclables y no reciclables. Según la Comuna, ese sistema fracasó porque la gente no separa la basura y así la Ciudad gastará este año 73 millones de pesos inútilmente en la doble recolección. Los cartoneros creen que quitarles a las empresas la obligación de llevarse los residuos secos los beneficia, al darles a ellos más material.

Después de que los mandó a sacar con la Policía de un asentamiento en Belgrano a comienzos de año, Macri parece haber tejido una buena relación con los cartoneros, a quienes promete incluir en el sistema de recolección, con contratos y seguridad social.

En la audiencia de ayer cartoneros y militantes ridiculizaron a Greenpeace y otros grupos ambientalistas "que se ocupan de las ballenas y ahora se acordaron de los pobres". También cuestionaron a los gobiernos "progresistas" anteriores, que no se ocuparon de los cartoneros. Estas ONG y gran parte de la oposición política piden la continuidad y profundización de la recolección diferenciada de residuos, junto con el lanzamiento de campañas de concientización para que los vecinos separen en su casa los residuos secos de los húmedos, como se hace en muchas ciudades del mundo. El plan oficial también tiene el rechazo de un gremio clave, los porteros del SUTERH (vinculado al kirchnerismo porteño).

Ayer María Eugenia Testa, de Greenpeace, advirtió a la Legislatura que, si aprueba el plan macrista "será responsable de la contaminación en el Gran Buenos Aires".

"Ni un peso más del Estado para pagarle a las empresas por un trabajo que ellas no realizan y que sí hacen los cartoneros", le contestó el militante Juan Grabois, apoyado por una ruidosa banda de cartoneros. Grabois también apuntó contra "los ambientalistas rentados y los políticos con fundaciones".

El momento más álgido llegó cuando la diputada Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria) les pidió a los cartoneros que "no hagan discursos políticos en este lugar". Cerruti, que fue funcionaria del Gobierno de Telerman, terminó insultada y custodiada por cuatro agentes de seguridad.

Tras un proceso participativo de casi un mes, que tuvo su culminación ayer, el oficialismo se apresta a introducir algunos cambios en el proyecto original, para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar los nuevos pliegos, dijeron a Clarín fuentes del macrismo de la Legislatura.

El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, le dijo tras la audiencia a Clarín: "Vamos a tener un sistema mixto. Para el barrido y la limpieza se usará el criterio de área limpia, pero la recolección se pagará por tonelada levantada". El proyecto original planteaba que todo el sistema fuera por toneladas.

Piccardo descartó de plano cualquier cambio con el método elegido para la recolección diferenciada: "Queremos una solución integral, que además de permitir un reciclado efectivo permita incluir a los cartoneros y darles trabajo formal. El sistema actual no lo hace".

Otro cambio: la licitación no sería internacional, sino nacional. Esto tendría que ver con una de las patas más fuertes del negocio de la basura: el sindicato de camioneros, cuyo líder, Hugo Moyano, apareció sorpresivamente en la Legislatura hace pocos días, para dar su apoyo al proyecto de Macri.

No es mucho el tiempo que le queda al Ejecutivo, porque los contratos vencen en febrero. La intención sería votarlo antes de fin de mes.

Por: Daniel Gutman

Clarín
Jueves 2 de Octubre de 2008

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